España: el COVID-19 impacta con fuerza en las víctimas de trata

La trata de personas adquiere nuevas formas con los efectos de la pandemia. 'En Órbita' conversó con Rosa Cendón, integrante de los proyectos Esperanza y SICAR Cat de la congregación religiosa Adoratrices (España).

En España, los proyectos Esperanza y SICAR Cat de la congregación religiosa Adoratrices son ejemplos de iniciativas que trabajan desde hace varios años con mujeres víctimas de trata.

"La pandemia agravó la situación. Organizaciones que trabajan sobre contextos de prostitución, con colectivos migrantes y con menores, no pueden salir a la calle. No hemos tenido esa acción de detección proactiva", dijo Cendón.

La pandemia además llevó a grupos criminales a modificar sus formas de captar y explotar a las personas. "No podemos obviar que las redes no van a perder dinero y por tanto ellos mismos van a generar nuevas estrategias a este nuevo contexto", sostuvo la entrevistada.

Cendón se refirió además a los pilares fundamentales para la prevención de la trata. Para ello, desde la organización estudian "cómo ha evolucionado el problema y las nuevas estrategias a las que recurren las redes criminales" para así "desarrollar una mejor prevención" para enfrentarlo.

España es considerado un país de tránsito y destino de víctimas de estas redes criminales. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, entre el 1,4 y 1,5% de las posibles víctimas son identificadas como tales.

"El marco jurídico internacional reconoce finalidades de explotación como el trabajo, matrimonios y la criminalidad forzados o la extracción de órganos. Estas han sido durante mucho tiempo invisibilizadas, pero desde nuestra organización buscamos sacar a la luz estas situaciones que también son parte del problema", aseguró.

Paz y violencia en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a más de 180.000 personas como víctimas de violaciones a los derechos humanos. El caso, denominado 05, investiga infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en dos departamentos durante el conflicto armado: las regiones del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Según el organismo, en las últimas semanas se acreditaron organizaciones indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones campesinas. Presentaron informes sobre casos de desplazamientos forzados, secuestros, tortura, violencia sexual, asesinatos, confinamiento y siembra de minas antipersonas.

"En Colombia la situación de violaciones a los derechos humanos es muy difícil. Lo que reporta la JEP reafirma lo que movimientos sociales vienen señalando hace años. El país reporta aproximadamente 9 millones de muertos por el conflicto armado. Es una cifra muy fuerte", dijo a En Órbita Luis Emil Sanabria, Presidente de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ).

El entrevistado hizo hincapié en el drama de los llamados "falsos positivos", civiles hechos pasar por guerrilleros y ejecutados por el Ejército Nacional.

En tanto, el Gobierno de Iván Duque ha sido señalado como uno de los culpables de la falta de éxito del acuerdo de paz, firmado en 2016 por su predecesor, Juan Manuel Santos. Tal es así que grupos disidentes de las FARC volvieron a operar y el grupo Ejército de Liberación Nacional aumentó su influencia.

Sanabria consideró que las decisiones políticas fueron culpables del aumento de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos en los últimos años.

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