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    Brasil: la fiebre del oro y la sangre indígena derramada

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    Indígenas yanomamis y organizaciones que los apoyan reclaman la expulsión de buscadores de oro que explotan sus territorios de forma ilegal. 'En Órbita' conversó con Fiona Watson, directora de investigación de Survival International, ONG en defensa de los pueblos indígenas.

    En los últimos días se supo que dos miembros de la comunidad indígena de Xaruna fueron asesinados por buscadores ilegales de oro y piedras preciosas, llamados garimpeiros. La comunidad está ubicada cerca de la frontera con Venezuela, en un afluente del río Uraricoera, epicentro de la "fiebre del oro" en la región.

    "Es una región de intensa minería. Algunos yanomamis van a esa zona en busca de comida o herramientas, y hacen un tipo de amistad [con los garimpeiros]. Pero poco a poco esa amistad se va porque los mineros no quieren a los yanomamis ahí", dijo a En Órbita Fiona Watson, directora de investigación de Survival International, ONG defensora de los pueblos indígenas.

    La entrevistada resaltó que ante una situación violenta, estos mineros "están fuertemente armados" mientras los indígenas "solo cuentan con flechas".

    Se teme que el conflicto crezca y se repita la masacre de 1993, cuando 16 personas de la comunidad Haximú murieron a manos de garimpeiros. En una sentencia histórica, los cinco autores fueron declarados culpables de genocidio y el Gobierno tomó medidas para expulsar a los mineros.

    "En los últimos cinco años el número de buscadores ilegales de oro ha crecido en la zona. Hoy en día tenemos unos 20.000 en territorio yanomami. El daño a la selva, en los ríos y hasta en los cuerpos de los yanomami es inmenso", denunció la directora de investigación de Survival International.

    Sobre el efecto sobre la salud de los habitantes de las comunidades, Watson destacó la "contaminación por mercurio", a la que se le suman enfermedades como la malaria, el sarampión y ahora el COVID-19, transmitidas por los forasteros.

    El servicio de salud en la zona es casi inexistente por recortes presupuestales y además por la cancelación del convenio con Cuba para que médicos de la isla trabajen en zonas remotas de Brasil.

    En su diálogo con En Órbita Watson afirmó que las políticas del Gobierno de Jair Bolsonaro no apuntan a salvaguardar a los pueblos indígenas sino "todo lo contrario".

    "En vez de considerarlos expertos en la biodiversidad y en la selva amazónica, ve cómo sacar todo lo que puede", dijo la entrevistada sobre el comportamiento del mandatario sobre esta realidad de los indígenas.

    Indignación en Colombia

    El Ejército identificó al menos a 118 militares implicados en casos de abusos sexuales a menores.

    El comandante Eduardo Zapateiro agregó que se investigan casos desde el año 2016, con 45 responsables que fueron retirados de la fuerza. Las declaraciones fueron en el marco del escándalo por la violación de una niña indígena de 12 años de la comunidad chamí, por parte de siete soldados.

    "[Las víctimas] son mujeres empobrecidas y racializadas. Esto sucede por la exaltación del imaginario heroico que mantiene además la impunidad en estos casos. Conocemos ofrecimientos de militares de recursos económicos a las familias", dijo a En Órbita Diana Salcedo, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, organización integrante del Movimiento Antimilitarista de Colombia.

    Salcedo resaltó que a la situación se suma "la falta de seguimiento a las denuncias. Hay una sistematicidad que se perpetúa en los hechos. No son una o dos personas, son más de 100 militares. El silencio es altísimo por lo que implica una ideología de superioridad al uso de uniformes y de armas, pero lo que está en juego es la dignidad de las víctimas".

    El 30 de junio, la organización Human Rights Watch pidió a las autoridades rapidez en la investigación sobre el caso de la niña chamí. El mismo día la Procuraduría General exigió a la Policía y al Ejército la información sobre las investigaciones por abusos sexuales cometidos por sus miembros.

    "Interpelamos y rechazamos las políticas terroristas del Gobierno. Estamos en contra de la exacerbada militarización de los territorios bajo una falsa política de seguridad que responde a intereses políticos y económicos", manifestó por su parte Camila Rodríguez, miembro de Convergencia de Saberes y Acción Territorial, y del Movimiento Antimilitarista.

    Rusia: aprobación popular a enmiendas constitucionales

    El 78% de los votantes apoyaron las enmiendas constitucionales y respaldaron al presidente Vladimir Putin para que gobierne, en caso de considerarlo, hasta 2036. Las reformas especifican los nuevos requisitos que deben cumplir el mandatario, Gobierno y Parlamento, en soberanía y seguridad nacional.

    Limitan a dos mandatos presidenciales de seis años, el máximo que una misma persona puede ocupar. Sin embargo, permiten a Putin volver a postularse para el cargo en 2024.

    "El impacto del plebiscito le da un respaldo a Putin. De no haber hecho estas reformas constitucionales, aprobadas por el pueblo, el presidente no podría seguir" en el cargo, dijo a En Órbita el analista internacional Alberto Hutschenreuter.

    El experto consideró que se destacó la presencia del Consejo de Estado, "entidad que pasó [en los últimos años] a tener una posición formal pero que con las nuevas reformas tendrá un mayor poder".

    Las reformas prohíben además la secesión de los territorios del país y fortalecen el estatus del idioma ruso, entre otros aspectos.

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    Etiquetas:
    violación sexual, abuso sexual, militares, Colombia, pueblos indígenas, mineros, oro, Brasil, Constitución de Rusia, Vladímir Putin, Rusia
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