El departamento del Chocó, al noroeste del país, es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado y el avance de grupos vinculados el narcotráfico y la explotación ilegal de recursos naturales.
"Esto conlleva a visibilizar la grave crisis económica y social que tiene el departamento", dijo a En Órbita Yeison Mosquera, coordinador de la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz (Redepaz).
El avance territorial de grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se profundizó en los últimos meses, aprovechando las medidas oficiales contra la pandemia del coronavirus.
"Estos grandes grupos armados en este momento están en su punto más alto: hay desplazamientos y confinamientos, pero el Gobierno no ha atendido a lo que hemos estado denunciando. Hay complicidad del Estado con estos grupos paramilitares", afirmó Mosquera.
La vida cotidiana de los habitantes transcurre en medio del fuego cruzado, con el territorio controlado y la imposibilidad de trabajar su tierra. "Se vive con zozobras, con hambre, la gente no puede generar sus cultivos. Hay caminos minados, los grupos armados dicen quién sale y quién entra", apuntó el coordinador de Redepaz en el Chocó, quien definió que las comunidades conviven como en una "cárcel".
Los líderes sociales están más expuestos a la violencia de estos grupos armados, pero a la vez son criminalizados por las fuerzas estatales que los acusan de "guerrilleros". Desde la firma de los acuerdos de Paz en 2016, al menos 442 dirigentes sociales fueron asesinados.
En Colombia, 2019 fue el año más violento de la última década para líderes y defensores de los derechos humanos, con 124 personas fallecidas y 844 agresiones de todo tipo.
Sin protección en Uruguay
El colectivo Ni Todo Está Perdido, compuesto por personas en situación de calle, repudió la decisión del Gobierno de sancionar a quienes duerman en espacios públicos.
La norma —aprobada en 2013— prevé de siete a 30 días de trabajo comunitario a quienes ocupen estos espacios "acampando o pernoctando de forma permanente". Pero hasta el momento no se había puesto en práctica de forma sistemática.
"Para nosotros es una vulneración total de derechos. Van a empezar a 'levantar' a la gente y en realidad no estás haciendo nada. Nos preguntamos cuál es el crimen en dormir en la calle, al no tener derecho a la vivienda", dijo a En Órbita Paula Zamora, integrante del colectivo Ni Todo Está Perdido.
Tras la intervención policial, los agentes deberán conducir a las personas a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo con Zamora, sin embargo, no siempre hay lugares disponibles para quienes acuden a los refugios.
Desafío en Europa
La Organización Mundial de la Salud advirtió que se triplicaron los países europeos en los cuales crece el indicador de COVID-19.
"El mes pasado su número fue de 6 a 21. La epidemia sigue en fase activa en muchos Estados", señaló el director de la oficina europea, Hans Kluge.
Luego de varias semanas de disminución de los contagios, el indicador promedio para la región se situó entre los 17.000 y 20.000 nuevos casos diarios.
El funcionario aseguró que la pandemia obligó a 68% de los países del continente a suspender los tratamientos de otras enfermedades, como las arteriales o diabetes.
En tanto, continúa la apertura de países europeos. En España, Cataluña y el País Vasco salieron del estado de alarma decretado por el Gobierno. Este avance significa que los ciudadanos podrán desplazarse entre provincias, luego de tres meses de prohibición.
Por su parte, la comunidad de Madrid —epicentro del virus en el país— espera recuperar las competencias de la gestión de la crisis sanitaria el 21 de junio, cuando termine el estado de alarma.
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