Puerto Rico: "No puede haber una salida bajo el actual diseño colonial"

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, juramentó como gobernadora de la isla caribeña, luego de que el Tribunal Supremo declarara inconstitucional el nombramiento de Pedro Pierluisi.

Vázquez es la tercera gobernadora en asumir el cargo en menos de una semana.

"No tenemos ninguna razón para pensar que esto representa estabilidad, justicia o algo bueno a largo plazo para nuestro pueblo", dijo a Sputnik  María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño.

Santiago sostuvo que "la licenciada Vázquez tiene un largo historial de encubrimientos de su partido, el Partido de la Mayoría, que pudieron implicar comisión de delito".

En ese sentido, destacó como un hecho doloroso, todo lo "relacionado con el ocultamiento de suministros que estaban destinados a las víctimas del huracán María".

El antecesor de Vázquez, Pedro Pierluisi había asumido como gobernador el viernes 2  luego de ser nombrado por el saliente Ricardo Rosselló, que debió abandonar el cargo en medio del escándalo por la divulgación de chats homófobos y misóginos.

Según señaló Santiago, la determinación del Tribunal Supremo  de decidir que el nombramiento de Pierluisi era ilegítimo, "es correcta en derecho".

Agregó que Wanda Vázquez "ha utilizado su situación como secretaria de Justica para promover la persecución ideológica” y “también ha asumido posturas muy duras contra la población".

Puerto Rico padece una grave crisis fiscal y se había declarado en bancarrota en mayo de 2017, con una deuda de 70.000 millones de dólares.

Santiago sostuvo que "actualmente los procesos de reestructuración de la deuda se están llevando al amparo por una ley impuesta por el Congreso de EEUU", y que estos acuerdos "son impagables, tanto como la deuda original".

En otro orden, en Chile, senadores y diputados se reunieron con afectados de la zona de Quintero-Puchuncaví y representantes de ONGs ambientalistas. Se estableció un cronograma de actividades para obligar al Estado a cumplir una sentencia de la Corte Suprema que no ha sido atendida. 

La decisión judicial estableció que empresas de la zona están vulnerando los derechos de la población en materia de salud y ordenó al Estado tomar un mínimo de 15 medidas para "reparar sus graves omisiones" al respecto. 

Además, India llamó a las autoridades de Pakistán a revisar la decisión de rebajar el nivel de las relaciones diplomáticas por la situación en Cachemira. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó la decisión de romper los vínculos comerciales y retirar a los representantes diplomáticos. 

El gobierno pakistaní también prohibió la divulgación de películas y cualquier otro contenido cultural indio. La medida es en respuesta a la ley que elimina la autonomía de Jammu y Cachemira. 

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