El decreto asegura que los bienes venezolanos "están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera".
"Es una escalada más en la agresión multifacética contra el pueblo venezolano, expropiando y robando los activos de la nación que hoy existen en territorio estadounidense. Son inversiones hechas a lo largo de décadas, incluso antes de la presidencia de Hugo Chávez. Hay más de 17.000 gasolineras en territorio estadounidense de propiedad venezolana", explicó el diputado Jabour a En Órbita.
El asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, dijo que la medida está diseñada para "acorralar financieramente al presidente Nicolás Maduro y acelerar una transición pacífica".
"Funcionó en Panamá, en Nicaragua una vez, y va a funcionar allí otra vez, y también en Venezuela y Cuba. (…) Nos aseguraremos de que Maduro se quede sin vías financieras de mantenerse a sí mismo ", agregó.
"Esta medida no solo afecta al Gobierno de Maduro, es contra todo el pueblo venezolano, al impedir la adquisición de bienes que son indispensables como alimentos, medicina e insumos básicos para la vida", señaló el diputado del Mercosur y de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Esta es la primera vez en más de 30 años que EEUU congela los activos a un país. Corea del Norte, Irán, Siria y Cuba son los únicos países sobre los que pesa una medida como la aplicada en Venezuela.
Jabour opinó sobre el papel de la oposición en este anuncio contra el Gobierno.
"Esto demuestra una vez más la complicidad de sectores de la oposición, como el caso del presidente autoproclamado Juan Guaidó. Esta orden establece excepciones a este diputado y a otras personas que hoy sirven a intereses contrarios al Gobierno", dijo el legislador.
"Estos mismos sectores son los que han solicitado la intervención militar extranjera en el país, violando la Constitución. Estos actores han pedido a gobiernos a nivel internacional que no se venda alimentos a Venezuela", acusó Jabour.
En otro orden, la fiscalía de México participará en la investigación por la matanza del sábado 3 de agosto en la localidad estadounidense de El Paso (Texas), fronteriza con Ciudad Juárez, en la que murieron 22 personas, ocho de ellas mexicanas.
El autor fue el joven Patrick Crusius que viajó más de 1.000 kilómetros para llevar adelante la masacre.
"El fenómeno entre Ciudad Juárez y El Paso no se ve en otras fronteras entre ambos países. La gente está muy relacionada, hay familiares de un lado y del otro. La convivencia y la economía son binacionales. Los lazos son muy fuertes", explicó a En Órbita el fotoperiodista Luis Torres, del diario El Mexicano, de Ciudad Juárez.
Autoridades de ambos países calificaron el tiroteo como un acto de racismo. Según datos de julio de este año, el 83% de las 840.000 personas que viven en El Paso son de origen hispano, principalmente mexicano.
El entrevistado destacó que tras este incidente la relación entre ciudadanos de ambos países en la frontera "en lugar de romperse está más fuerte".
Nueva Delhi anuló las cláusulas constitucionales que consagraban la autonomía de Jammu y Cachemira y propuso una nueva ley según la cual el Estado formado por las regiones de Jammu, Cachemira y Ladakh, debe dividirse en dos partes: Jammu y Cachemira por un lado y Ladakh por el otro.
Pakistán reclama el territorio como suyo, postura que lo ha llevado a enfrentarse en dos guerras con India. Su Cancillería aseguró que ejercerá "todas las opciones posibles para contrarrestar los pasos ilegales" dados por el país vecino.
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