Sergio Moro denunció este miércoles 19 ante el Senado que existe un "grupo criminal" que ataca a las instituciones y que su teléfono celular fue hackeado.
El ministro de Justicia hizo sus declaraciones en la Cámara alta tras la filtración de unos audios que lo comprometen en su papel como juez de la causa que llevó al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva a prisión en 2018.
El portal The Intercept difundió el pasado 9 de junio los mensajes de Moro con fiscales, para perjudicar al exmandatario en el megaoperativo anticorrupción denominado Lava Jato.
El ministro manifestó que no utiliza Telegram, la aplicación desde donde se extrajeron los mensajes a partir de 2017. Aseguró además que el 4 de junio recibió al menos tres llamados y que a partir de allí su teléfono celular funcionó de "manera extraña".
Moro reiteró que "son normales las relaciones" entre magistrados y partes, sobre todo en el derecho penal, y que no cometió ningún acto ilegal.
"No tengo apego por el cargo en sí. Yo mostré todo, todas las conversaciones, y si hubo irregularidades saldré del cargo", agregó.
"Moro aún es el ministro con más apoyo en el Gobierno, aunque su popularidad ha bajado desde la difusión de los mensajes. Hay personas decepcionadas, otras que creen que el fin justifica los medios, pero hay otras más radicales que acusan a The Intercept de crear 'fake news', de traición a la patria y hasta de terrorismo", explicó a En Órbita Clayton Mendonça Cunha Filho.
Según medios brasileños, la instancia no es sencilla para el ministro de Justicia. Al menos 23 de los 54 integrantes de la Comisión de Justicia del Senado son contrarios al exmagistrado.
"Tuvimos 90 denuncias presentadas y 45 de las acciones fueron sentenciadas", dijo Moro sobre su acción en el caso Lava Jato.
"La Suprema Corte deberá juzgar los pedidos de la defensa de Lula, que acusa a Moro de no ser parcial y de tener intereses propios. Hay miembros de la Corte que han declarado sobre la gravedad del caso y contra el ministro, pero hay otros que disminuyen la importancia del caso", explicó.
En otro orden, en Uruguay, víctimas de crímenes ocurridos durante la dictadura en este país denunciarán al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto a raíz de la falta de acción de la Justicia, que tiene una demora de más de ocho años en la mayoría de las causas. Según un informe de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, de las 187 causas activas solo 14 llegaron a la etapa de condena.
"Se interponen extensiones y no se investiga. Si esto sigue es porque lo están tapando. Se tienen elementos para pronunciarse sobre el tema", dijo a En Órbita Javier Tassino, integrante de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Según el entrevistado, esta situación no le hace bien al país. "No pedimos revancha, sino salvaguardar a la sociedad y a la democracia de gente inescrupulosa", añadió.
Además, Rusia calificó este miércoles 19 de infundadas las acusaciones de implicación en el derribo del vuelo MH17.
El Equipo de Investigación Conjunta (JIT, por sus siglas en inglés), conformado por expertos de los Países Bajos, Malasia, Australia, Bélgica y Ucrania, afirma que el misil pertenecía al Ejército ruso y que había sido transportado previamente al territorio ucraniano, a un área bajo control de las milicias de Donbás.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue alcanzado por un misil cuando sobrevolaba la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania. En esta zona se han sucedido enfrentamientos entre las tropas ucranianas y las milicias de Donbás.
Más información: Ucrania promete arrestar a un sospechoso del derribo del vuelo MH17
Los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría holandeses, murieron en el accidente.
Un portavoz del JIT anunció que el juicio por el derribo del avión comenzará el 9 de marzo de 2020 en los Países Bajos.
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