Vamos de nuevo: Gobierno de Costa Rica renovará negociaciones con el FMI

Tras el diálogo multisectorial que puso pausa a la movilización social contra la medida, el Ejecutivo reanudó su decisión. Para la economista Ana Rosa Ruiz, la molestia de la población no cesó, por lo que una nueva ola de movilizaciones podría desatarse una vez que se conozcan las condiciones del préstamo.

Tras las multitudinarias manifestaciones que hicieron tambalear al Gobierno de Carlos Alvarado, en octubre el Ejecutivo se retiró de la negociación que mantenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y convocó a un diálogo social. La crisis económica se había recrudecido debido a la pandemia de COVID-19, dejando ver problemas estructurales más profundos, los cuales el presidente planeaba resolver con un endeudamiento totalmente impopular.

El diálogo, sin embargo, buscó restablecer la convivencia en el país y alcanzar acuerdos para que la solución fuera producto de la concertación social.

"[El diálogo] resultó en 58 acuerdos. Hubo representación del sector empresarial, del sector sindical y social. Estuvimos varias agrupaciones de mujeres, ambientalistas, personas de la cultura, y de distintas ciudades", dijo a Sputnik la economista costarricense Ana Rosa Ruiz

"Podríamos decir que logró una representación significativa, a pesar de que reclamamos la ausencia de indígenas y de otros actores igualmente importantes y que han estado muy afectados con la pandemia", agregó.

La docente del Instituto Tecnológico de ese país formó parte del diálogo como integrante del colectivo Mujeres en Acción. Según explicó, el abordaje de los temas se dividió en semanas de trabajo. Primero se trabajaron las ideas para reactivar la economía, combatir la pobreza y aumentar el empleo. Más tarde se abordó la caracterización de la deuda y la evasión fiscal, para terminar en el análisis de los ingresos y gastos públicos, así como de los activos del Estado.

A pesar de esto, terminadas las instancias el Gobierno volvió a anunciar la voluntad de endeudarse por 1.750 millones de dólares, esta vez con menos reparos de la población pero bajo su estricta mirada. 

"Pienso que es una estrategia política porque en 2018 se aprobó una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con una regla fiscal. Esa regla provoca que año a año el gasto corriente del Gobierno vaya bajando porque está en función del cálculo de la deuda. Entonces les conviene que se dispare, para ir desmantelando poco a poco el estado social de bienestar", agregó. 

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