Sin dar demasiados detalles, el pasado jueves 13 de febrero el vicepresidente de Derechos Sociales de España, Pablo Iglesias, compareció a petición propia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados. En su alocución se refirió a las cifras de pobreza del país a las que calificó de "vergüenza" y habló de una de las medidas que piensa desarrollar para mejorarlas: el ingreso mínimo estatal.
Se trataría de una cantidad inicial garantizada por adulto de 600 euros (650 dólares) al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros (1.300 dólares) mensuales. 10 millones de personas serían los beneficiarios iniciales.
"El concepto se articula alrededor de una finalidad que es la de asegurar que todos los ciudadanos tengan un nivel de renta mínimo garantizado de hecho.(...) En España se está hablando de una cantidad que se donaría exclusivamente a los ciudadanos que no tengan acceso a otro tipo de rentas alternativas", explicó el analista de Ekai Center Adrian Zelaia.
"Los rendimientos de los asalariados son cada vez una parte más baja del PBI y extensas capas de la población se están quedando marginadas de ese desarrollo económico", agregó. En lo que respecta a la financiación, el director de Ekai Center relativizó el posible impacto en las finanzas públicas.
"(Los pagos) pueden financiarse a través de redistribuciones de ingresos o de gastos que al final equilibren y no generen necesariamente un mayor costo presupuestario", concluyó.
