Según el experto en normativa medioambiental, Remi Parmentier, director de The Varda Group, consultoría especializada en políticas de medio ambiente, y participante de la pasada Cumbre de la OMC, los subsidios a la pesca alcanzan los 30.000 millones de dólares al año. De esa cifra, el 60% de los fondos se destinan a fortalecer flotas que depredan el fondo marino con prácticas de pesca peligrosas para la biodiversidad o que desarrollan actividades en aguas territoriales en las que no fueron autorizados.
"El problema fundamental de los subsidios dañinos en el sector de la pesca es la sobrecapacidad. Es decir que Gobiernos pagan para incrementar la potencia de las flotas pesqueras, y para resumir la situación, hay demasiados barcos para pocos peces", explicó en diálogo con Sputnik.
Si bien en América Latina no es común otorgar subsidios de este tipo, sí lo es la pesca ilegal por parte de flotas de otros continentes. Para el experto, el puerto de Montevideo es uno de los centros de distribución de la pesca ilegal en la región. "Existen datos que indican que el puerto de Montevideo es una plataforma para flotas pesqueras que no actúan del todo dentro de la ley y que tampoco respetan los límites territoriales de algunos países de la región", apuntó. A su criterio, el Gobierno uruguayo debería enfatizar los controles en coordinación con Gobiernos de la región porque tiene un "papel pendiente en el control de la sobrepesca y la pesca ilegal".