Pero, ¿cuál es la clave para sortear esta situación? La Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Laís Abramo, es muy clara: se logra con política y pactos. Para que realmente haya un avance hacia la idea de políticas sociales y universales de carácter redistributivo basado en derechos, se necesitan recursos y financiamiento, y un aumento importante en la inversión pública social con un carácter anticíclico.
La funcionaria lo enfatiza: "las políticas dependen de las prioridades de los gobernantes y de los marcos normativos. Si pensamos en políticas sociales basadas en derecho, esos derechos ya están establecidos en las Constituciones de los países. Es un marco que permite que, aunque haya cambios de gobernantes, se trate de políticas de Estado".
Justamente esta semana la secretaría ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, hizo un llamado a los gobiernos de la región a "no castigar la inversión social" ante un contexto económico cada vez más complicado y a usar el poco espacio fiscal que queda con mucha inteligencia y selectividad, para que no haya retrocesos sociales.
"La única forma de salir de la pobreza es con productividad y empleo; no hay otra salida", sostuvo Bárcena al intervenir en la inauguración de los trabajos del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial. Y fue más contundente: "los programas públicos dedicados a mitigar la pobreza y la indigencia no son costosos, representan el 0.39 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional y favorecen a 133 millones de personas".
