El Servicio Federal de Migración (FMS) de Rusia apoyó la propuesta del Defensor del Empresario, Borís Titov, de lanzar una regularización extraordinaria de inmigrantes indocumentados. De llevarse a la práctica, la medida podría beneficiar a casi dos millones de personas, indica RBC Daily.
En un mensaje de respuesta a Titov al que tuvo acceso el diario, la subdirectora del FMS, Elena Radochina, señala que la entidad "respalda en general" la iniciática que, no obstante, debe ser estudiada detenidamente con participación de autoridades federales interesadas.
La propuesta fue incluida en un informe remitido por el Defensor del Empresario al presidente Vladímir Putin en abril pasado, y consiste en regularizar a aquellos extranjeros que se encuentran en Rusia de forma ilegal, pero que pagan impuestos en el país y lo pueden acreditar documentalmente.
Según los autores del informe, numerosos inmigrantes ilegales tienen "irregularidades mínimas en sus documentos" que se convierten en un obstáculo insalvable para su contratación conforme a la ley. Esta situación beneficia a los "empresarios infractores" que se aprovechan de un gran número de trabajadores dispuestos a prestar sus servicios a cambio de una baja remuneración.
No es la primera vez que Borís Titov aboga por regularizar a los inmigrantes ilegales los cuales, según argumenta, aportan ingresos a las arcas del Estado ruso y se gastan la mayor parte del dinero en Rusia. "Solo el 36% del dinero que ganan sale del país", asegura.
Ya va siendo hora de para regularizar a los "sin papeles", coincide el exdirector del FMS, Viacheslav Postavnin, presidente de la fundación "Migración del siglo XXI" que participa en la iniciativa de Titov.
"La inmigración ilegal crece a pesar de los esfuerzos del FMS. La amnistía permitiría que los inmigrantes abandonaran Rusia y regresaran de forma legal", sostiene el experto. Según sus estimaciones, unos 10 millones de inmigrantes trabajan en Rusia de forma irregular, la mitad de ellos también reside en el país ilegalmente.
La regularización podría beneficiar a unos dos millones de personas como mucho, calcula Postavnin. Sin embargo, ve poco probable que la medida llegue a ponerse en práctica, puesto que el FMS no tiene recursos para ello.
