"En vista de la gravedad de la situación en Bielorrusia y debido a la continua represión de la sociedad civil y los activistas opositores, Alexandr Lukashenko y otras 14 personas deben incluirse en la lista de personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas", dice el documento.
Las sanciones entran en vigor el día de su publicación, el 6 de noviembre, e incluyen la prohibición de entrada y la congelación de activos en la UE.
En la lista negra figura también la portavoz del presidente bielorruso, Natalia Eismont.
Además, fueron incluidos:
- el jefe de la Administración presidencial bielorrusa, Ígor Sergueenko
- el jefe del Comité de Seguridad Estatal, Iván Tertel
- el dirigente de las unidades de operaciones especiales Alfa, Serguéi Zubkov
- y el presidente de la Corte Constitucional del país, Piotr Miklashevich, entre otros.
Canadá también impuso sanciones contra 13 funcionarios del Gobierno de Bielorrusia en coordinación con la UE.
"En coordinación con la Unión Europea, Canadá está imponiendo hoy más sanciones contra 13 funcionarios gubernamentales adicionales de Bielorrusia", dice el texto.
Respuesta de Bielorrusia
Por su parte, el portavoz de la Cancillería bielorrusa, Anatoli Glaz, declaró que Minsk está examinando las nuevas sanciones y pronto dará su respuesta.
En Bielorrusia continúan las protestas por el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994.
La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.
Varios países, incluidos EEUU y los miembros de la Unión Europea, no reconocieron esos comicios.
La UE formalizó medidas restrictivas individuales contra 40 funcionarios bielorrusos que, según Bruselas, son responsables de la violencia durante las protestas y de la falsificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Lukashenko no figuraba en esa lista.
Minsk respondió con sus propias sanciones contra la UE, como represalia por las aprobadas contra sus funcionarios.
