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    El Estado organizará y financiará las exhumaciones de víctimas del franquismo que continúan en fosas comunes y prohibirá la exaltación de ese régimen, lo que redundará en la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Pero no parece plausible que se pueda obtener la nulidad de las sentencias condenatorias de los tribunales franquistas.

    Se trata de los primeros pasos en la tramitación de una ley que pretende dotar de mayor contenido a la todavía vigente Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

    Entre otras disposiciones reflejadas a lo largo de 66 artículos, el nuevo texto legal responsabilizará al Estado de los trabajos de búsqueda y exhumación de represaliados del franquismo que todavía se hallan en fosas comunes, dispondrá la retirada de medallas a exagentes de la autoridad vinculados a prácticas de tortura e instaurará el 31 de octubre como día oficial de recuerdo y homenaje a las víctimas. Los tribunales constituidos durante la Guerra Civil y sus condenas emitidas serán declarados ilegítimos.

    Asimismo, se contempla organizar una auditoría de los bienes incautados "por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura (especie de auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo), así como prohibir la exaltación del franquismo, tanto mediante actividades, topónimos, nombres de calles y nombres de centros públicos, como en forma de asociaciones.

    Un trámite que no será breve

    Tras la aprobación del anteproyecto en Consejo de Ministros, el texto se remitirá a diversos órganos, como el Consejo General del Poder Judicial.

    Luego de su pronunciamiento, tendrá que ser refrendado nuevamente por el Ejecutivo y después registrado ante el Congreso de los Diputados para su debate y presentación de enmiendas. El Gobierno de Pedro Sánchez confía en obtener para su aprobación una mayoría parlamentaria con relativa facilidad. Sin embargo, la tramitación administrativa y política implicará tiempo, precioso para los afectados. "No tenemos tiempo que perder, pues muchas de las familias no verán terminado el 2020", afirma el abogado Eduardo Ranz Alonso.

    Resoluciones judiciales aún no cumplidas

    En España, familiares de represaliados y asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica suelen afirmar que la actual ley se quedaba corta y que la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los caídos solo debía ser el comienzo de algo más.

    El letrado Eduardo Ranz, que logró la primera sentencia en la historia que autoriza la exhumación de víctimas en el interior del Valle de los Caídos, así como más de 500 procesos sobre retirada de simbología de exaltación franquista, explica que el problema que rodea a las exhumaciones es que no se terminan de llevar a cabo. En declaraciones a Sputnik, este especialista en temas de memoria histórica explica que "la jerarquía normativa está por encima de los anteproyectos de ley".

    "Desde 2016 hay una sentencia judicial firme que autoriza u ordena realizar exhumaciones en el Valle de los Caídos, es la única sentencia en el mundo que cuestiona el franquismo y la única sentencia que autoriza a exhumar. Pero han pasado dos años con un gobierno del PP,  otros dos con uno del PSOE, y a día de hoy esta sentencia sigue sin cumplirse", se lamenta. "Yo gané el proceso judicial, pero el éxito jurídico y el espíritu de ese auto se contradicen con la realidad, y es que esa exhumación no se ha producido", señala a modo de ejemplo.

    El gran avance

    El anteproyecto de ley aprobado supone cumplir con una de las exigencias que desde hace años formulan diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos: que el Estado asuma directamente el coste de las exhumaciones, y no las familias y las asociaciones de recuperación de la memoria.

    "Es el mayor avance sin duda", comenta Eduardo Ranz. "El Gobierno asume su responsabilidad y todas las exhumaciones serán orientadas desde lo público". Hasta ahora la Ley de Memoria Histórica contemplaba la adjudicación de subvenciones a las familias y colectivos, que agrupadas mediante asociaciones o universidades presentaban sus proyectos de exhumación en concurso público.

    A tal fin, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática anunció el 12 de septiembre una partida de 750.000 euros en concepto de subvenciones "a actividades de recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura para 2020". El 60% se destinará a la exhumación de personas enterradas en fosas.

    "Con la llegada del Gobierno del PP se redujeron las partidas a cero euros, y ahora parece que las administraciones se van a coordinar y a organizar desde lo público y con financiación pública", señala este abogado. "Nosotros nunca nos hemos opuesto a las exhumaciones, jamás", subraya por su parte Emilio de Miguel, secretario del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco. "Lo que nos molesta es que sean solamente para unos, para un bando. Tendría que haber para lo que ellos llaman víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y para lo que nosotros llamamos víctimas de la República y los terroristas que luego ha habido".

    Al respecto, Eduardo Ranz refuta tal argumento. "Me viene ahora mismo a la cabeza una exhumación de unas monjas en Toledo, financiada por Intereconomía, que fueron asesinadas por unos anarquistas. Así que sí se han producido esas exhumaciones".

    Posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco

    Uno de los aspectos clave del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática es que prohíbe actividades de exaltación y enaltecimiento de la dictadura. En este sentido, las organizaciones que hagan apología del franquismo o enaltezcan sus figuras dictatoriales dejarán de percibir financiación pública.

    En España, la Fundación Nacional Francisco Franco podría ser ilegalizada. De acuerdo con el primer punto de sus estatutos, su fin es "difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos". En esta fundación se muestran en desacuerdo con la perspectiva de ilegalización, pues no creen que hagan apología del franquismo.

    "Podríamos cambiar los estatutos, pero los actuales no entran en conflicto con la ley", declara a Sputnik Emilio de Miguel, secretario del patronato de la Fundación, al ser preguntado por los eventuales resquicios legales que pudieran ayudar a evitar la ilegalización. "Nosotros no pretendemos hacer apología ni de Franco ni de su época; nos limitamos a contar una versión, apoyada en documentos, testimonios y bibliografía. Damos una versión de una etapa de la historia de España que no significa una apología, sino lo que nosotros creemos que es la verdad".

    En la fundación tienen previsto acudir al Tribunal Constitucional en caso de ilegalización. Su presidente, Juan Chicharro, declaró a la emisora esRadio estar dispuesto a trasladarla a otro país. "Si es preciso, nos vamos a un país libre".

    "La fundación está en un ámbito académico e histórico del pasado", prosigue de Miguel en su explicación. En su opinión, la cuestión reside en la versión de la historia "monolítica y sectaria" de los actuales legisladores. "Lo terrible de esto es que quieren legislar en el pasado, ahí está el conflicto", dice, subrayando que esta organización se limita a abordar "una versión de Franco, de su época y de su labor como gobernante". 

    "Este anteproyecto de ley choca con los derechos recogidos por la Constitución y produce un conflicto legal", explica de Miguel, quien califica la situación de "extraña". "No es propio de un sistema democrático tratar de imponer una versión y no admitir matices, que no haya debate".

    El camino legal para proceder a tal ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco tampoco será inmediato. "Habría que hacer una modificación en la ley de fundaciones para que no aparezcan, y una segunda modificación en la ley de asociaciones para que no vuelvan con otro nombre, explica el abogado Eduardo Ranz, quien defiende tal procedimiento. "Esa fundación está dedicada a una persona que empezó su régimen asesinando y lo terminó asesinando. ¿Dónde está el interés general en eso?"

    Para Ranz, España no podrá equipararse "en términos procesales" con Alemania (donde están prohibidas las asociaciones que enaltezcan la figura de Adolf Hitler) hasta que se reformen estas dos leyes. "Aunque el comienzo de tramitación es el principio de algo", admite.

    El rechazo de parte del arco parlamentario

    El texto legal que se pretende sustituir, la Ley de Memoria Histórica, ya suscitó el rechazo del Partido Popular tras su entrada en vigor en 2007. Una vez llegado al poder, el expresidente Mariano Rajoy se jactó de no haber dedicado ni un euro a su aplicación.

    En la actualidad, es Vox la formación política que expresa mayor rechazo a cualquier iniciativa legal sobre la memoria histórica. En este contexto de polarización, uno de los argumentos más recurrentes aducidos por los contrarios a la Ley de Memoria Histórica y al Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que la sustituirá es que son leyes que "dividen a los españoles". "Yo les invitaría a una exhumación y a sentir lo que se vive cuando aparece el primer hueso, ese silencio, la entrega de restos a la familia, que procede luego a su sepultura", explica el abogado Eduardo Ranz. "Les preguntaría entonces si estamos dividiendo algo o cerrando una herida".

    Recientemente, el líder de Vox, Santiago Abascal, manifestó que el actual Ejecutivo español era el peor "de los últimos 80 años", afirmación que después recalcó y elevó hasta "los últimos 800 años". "El franquismo fue infinitamente mejor que este gobierno", convienen en la Fundación Francisco Franco, en boca de Emilio de Miguel. "Este gobierno es el peor en los 3.000 años de la historia de España. Es peor incluso que el de Casares Quiroga en marzo de 1936, porque son gente más inepta. Nunca en España ha habido gente tan indocumentada como en este Gobierno. Y luego la gestión de la pandemia, la gestión económica… y encima crean problemas", afirma.

    Desde la bancada de Vox suele tildarse al Gobierno de coalición en España de "dictadura progre". "En realidad esto es una dictadura, esto es un gobierno tiránico", sostiene Emilio de Miguel. El PSOE es mayoritario, pero está coaligado con elementos que en el resto de Europa son inaceptables. Todavía no nos ha metido en la cárcel ni nos ha fusilado, pero porque no puede. Es un Gobierno parecido al de Venezuela, pero tirando al de Corea del Norte", remata.

    Es en este contexto de polarización y aparente radicalidad donde se desenvuelve la tramitación del anteproyecto de ley. "Hay un enfoque erróneo sobre la memoria; es un enfoque de futuro, no de pasado", explica Eduardo Ranz. "La prueba es que las personas que ahora mismo están en la universidad, tienen una responsabilidad: son los garantes de que no vuelvan a suceder determinado tipo de cosas en España".

    La anulación de sentencias

    El anteproyecto de ley declara "ilegítimos" los tribunales formados durante la Guerra Civil y anula las condenas dictadas por motivos religiosos, políticos o ideológicos, también durante la dictadura.

    En palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, "son nulos de pleno derecho", pues la democracia no puede reconocer "de ninguna manera" juicios "al margen de la legalidad propia de cualquier Estado de derecho" y que acabaron en condenas y ejecuciones "de manera vil". "El franquismo no fue una dictadura sangrienta, fue un Estado de derecho", discrepa Emilio de Miguel. "Los procedimientos se hicieron de acuerdo con el código penal del momento, que era el de la República. Los jueces eran gente muy seria. Pero ahora se ha creado una imagen del franquismo falsa, yo no la acepto".

    "El punto de la anulación de sentencias es el menos realista", explica Eduardo Ranz. "Porque para producir una anulación de sentencias hay que especificar exactamente las fechas, las personas, los hechos… no se puede hacer una anulación general".

    "El Gobierno puede generar ese derecho, pero es el órgano judicial a quien le compete revocarlo. Ese aspecto va a ser complicado", especifica este letrado, para quien el inventario y derechos incautados durante la dictadura también será un proceso difícil, por cuanto el anteproyecto prevé implementar "las posibles vías de reconocimiento a los afectados". "Después de inventariar hay que hacer una valoración entre el valor de entonces y el actual, y luego establecer la persona legitimada para reclamar", aduce.

    ¿Será posible juzgar en España crímenes del franquismo?

    La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, en principio dedicada a investigar hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura con arreglo al derecho internacional en materia de derechos humanos.

    Sin embargo, no queda claro si este futuro órgano permitirá investigar en España los crímenes del franquismo, pues hasta ahora estas causas se instruyen en tribunales de Argentina en tanto que posibles crímenes de lesa humanidad. "Estamos hablando de principios de jurisdicción universal, un principio que Argentina tiene desde mediados del siglo XIX. España era un referente en jurisdicción universal, pero por desgracia ya no tiene ese principio", se lamenta Eduardo Ranz.

    En opinión de este abogado, "y de los abogados que viajaron a Buenos Aires", "la jueza Servini nos dio lecciones de derechos humanos". "El problema", explica, "es que los exhortos de Servini entraban en España bien por la Audiencia Nacional, bien por Consejo de Ministros, y ahí se paralizaban". Ranz apunta que la Fiscalía y la Audiencia Nacional "tienen la oportunidad de ayudar en derechos humanos a las víctimas del franquismo".

    "Pero esto no tiene que ver con la reforma de la Ley, sino con el principio de jurisdicción universal, que por desgracia perdimos hace seis años y no parece que vaya a volver", afirma, aludiendo a la reforma de 2014.

    "El espíritu de esa reforma fue no investigar los casos relacionados con el Tíbet, con China, etc., y no podemos obviar que un 25% de la deuda española está en manos chinas cuando los chinos son dueños de los españoles al 25%", concluye.
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    víctimas, Guerra Civil de España, tribunales, condena, Carmen Calvo, José Luis Rodríguez Zapatero, Ley de Memoria Histórica, Francisco Franco, Fundación Nacional Francisco Franco, franquismo
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