"El Tribunal Supremo de Países Bajos, basándose en la opinión de la fiscalía de este país, dio trámite el 19 de junio al recurso de casación de Rusia en el que se solicita anular el fallo de la Corte de Apelaciones de La Haya del 18 de febrero de 2020", indicó el Ministerio de Justicia de Rusia en un comunicado.
La saga data desde 2003, cuando los directivos de la petrolera, tras una revisión tributaria, fueron acusados de evasión fiscal utilizando empresas ficticias registradas en paraísos fiscales.
A finales de octubre de 2003 fueron embargadas las acciones de Hulley Enterprises Ltd. y Yukos Universal Ltd.
Yukos debía pagar reclamaciones fiscales por un valor superior a los 700.000 millones de rublos (unos 23.200 millones de dólares según el tipo de cambio de aquel entonces).
Debido a la incapacidad de la compañía de saldar las deudas, la Justicia rusa abrió el procedimiento de quiebra, sus activos fueron subastados. La propia empresa fue liquidada en noviembre de 2007.
En febrero de 2005, Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. y Veteran Petroleum Ltd. demandaron a Rusia ante la Corte de Arbitraje de La Haya.
Los exaccionistas de Yukos afirmaron que Rusia expropió sus bienes y violó sus derechos como inversores extranjeros lo que, según afirmaron, era una violación al Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo del que Rusia no es parte.
La Corte de Arbitraje neerlandesa falló a favor de los exaccionistas contradiciendo dos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de septiembre de 2011 y julio de 2014 que ratificaron que Yukos había cometido evasión fiscal a gran escala y que debía pagar los impuestos evadidos.
El 20 de abril de 2016, el Tribunal Distrital de La Haya reconoció que la Corte de Arbitraje de La Haya no era lo suficientemente competente y señaló que era improcedente implicar a Rusia en semejantes litigios si el país no era parte del Tratado de la Carta de la Energía.
El 18 de febrero de 2020, la Corte de Apelaciones refutó el fallo del Tribunal Distrital y obligó a Rusia pagar a los exaccionistas los 50.000 millones de dólares, un monto que subió a 57.000 millones por las multas. El Ministerio de Justicia ruso declaró entonces que recurriría el veredicto ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos.
Ahora la instancia neerlandesa tendrá que estudiar los argumentos de Rusia sobre los múltiples errores jurídicos que cometió la Corte de Apelaciones al interpretar el derecho internacional.
