El tribunal del distrito Pecherski de Kiev estudiará hoy la petición de la Oficina de Investigación de Ucrania de aplicarle al exlíder una medida cautelar.
"En una sociedad democrática todos los ciudadanos tienen derecho a un trato igualitario y justo ante la ley. El sistema de justicia no debe usarse para saldar cuentas políticas", indica un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, publicado en su cuenta de Twitter.
La Embajada de Canadá en Ucrania, por su parte, exigió que se cumpliera la ley y no se aceptara la injerencia de la política en el sistema judicial.
La embajadora alemana en Ucrania, Anka Feldhusen, resaltó que no quería ser testigo de un guion similar al del caso de la líder del partido Batkivschina, Yulia Timoshenko.
En 2011, un Tribunal en Kiev declaró a la política culpable de abuso de poder y autoridad en la firma de acuerdos de gas con Rusia en 2009 y la condenó a siete años de prisión.
Timoshenko fue liberada tras el golpe de Estado que tuvo lugar en Ucrania en 2014.
"Entonces observé casi todos los juicios del caso de Yulia Timoshenko. Espero no ver el retorno de una experiencia similar", escribió Feldhusen en Twitter.
La Oficina de Investigación de Ucrania sospecha que Poroshenko emitió una orden ilegal que obligó al entonces jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, Egor Bozhok, a "exceder los poderes oficiales".
A principios de octubre de 2018 el equipo de investigaciones periodísticas Bihus.info reveló desfalcos y fraudes en el Ejército ucraniano en los años 2015-2017.
Se afirma que durante el conflicto en Donbás la familia de Sémochko, que carecía de ingresos legales grandes, adquirió un inmueble a un costo de varios millones de dólares en Kozin, una localidad prestigiosa cercana a la capital.
Por otra parte, la familia del "espía ucraniano" figura en la base de datos de los contribuyentes de Rusia. Más tarde se confirmó que la esposa de Sémochko cuenta con ciudadanía rusa.
En abril de 2019 Poroshenko despidió a Sémochko.
