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    La tramitación parlamentaria de la nueva ley de Educación durante el estado de alarma suscita la protesta de los partidos de la oposición. El texto recoge una reforma de la Educación Especial, cuyos detractores tachan de cierre encubierto de los centros educativos especiales. La ONU recomendó en 2018 a España reformar este aspecto.

    Partidos de oposición y diversas organizaciones sociales acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar tramitar la Ley Orgánica para la Modificación de la LOE (LOMLOE) o nuevo texto legal en materia de educación precisamente durante la vigencia del estado de alarma. Una crisis sanitaria no puede camuflar el intento de sacar adelante una norma para lo que no existe consenso, es la crítica más extendida

    Uno de los aspectos más polémicos es el que gira en torno a los centros de educación especial, encargados de atender al alumnado con diversos grados de minusvalía intelectual. Al respecto, el Ministerio de Educación que encabeza Isabel Celaá se propone traspasar durante los próximos diez años a muchos de estos alumnos a los centros educativos ordinarios, a los que quiere dotar progresivamente de nuevas potencialidades. La idea es seguir apoyando a los centros de educación especial, que "desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios" al tiempo que se quedan con los alumnos que requieran atención "muy especializada", dice la disposición adicional cuarta del proyecto de ley.

    Tramitación parlamentaria con polémica

    La crítica radica en la posibilidad de que el estado de alarma anule la capacidad de protesta y de enmienda. En el caso de colectivos como la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, se afirma que la nueva ley "promueve la eliminación de los centros de educación especial".

    Esta organización, que agrupa a parte del profesorado, alumnos y familias en principio sin adscripción política, afirma mediante un comunicado emitido el día 26 que el planteamiento de la nueva ley no fue consultado "ni con los padres, ni con los profesionales de los colegios". Asimismo, condena que "los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos hayan decidido aprovechar esta situación excepcional, dramática para miles de personas que están perdiendo a sus seres queridos, valerse del caos y la incertidumbre social, sanitaria, educativa y política que vivimos en el país durante las últimas semanas para seguir tramitando la Ley de Educación".

    El plazo en el Congreso para presentar enmiendas a la totalidad finalizó el 24 de abril, mientras que el 29 concluyó el de las enmiendas parciales. Al respecto, José María Escudero, presidente de Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, declara a Sputnik que "el nuevo Gobierno nos aseguró que no nos preocupáramos, que cuando llegara el momento de las enmiendas al texto, se cambiaría". Pero cuando llegó ese momento, "nos encontramos todos confinados", explica. "Ni siquiera nos enteramos de que se había reactivado el proceso parlamentario". Y afirma, lamentándose:

    "Nos dieron falsas esperanzas, por eso hemos movilizado medios y redes sociales. Las enmiendas acaban el día 6".

    A juicio de esta asociación, "el problema surgió en enero de 2019", continúa Escudero, "cuando nos enteramos del trasvase de todos los alumnos a la escuela ordinaria. En el trámite, el CERMI [Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad] presentó una enmienda en la que solicitaba la eliminación de todos los centros de educación especial para el año 2025. Y el Consejo Escolar del Estado la admitió por unanimidad".

    Sobre el objetivo de la disposición adicional cuarta

    El texto de la disposición adicional cuarta de la LOMLOE no habla de eliminar centros de educación especial. Sin embargo, sus contrarios esgrimen que la propia disposición emanó de un contexto en el que se trató de apaciguar las suspicacias surgidas a colación de la propuesta admitida de CERMI.

    "El origen del problema es la modificación de la enmienda de CERMI por la presión de las familias, que derivó en la disposición adicional cuarta. Pero está redactada de forma ambigua. Creemos que los colegios de educación especial se van a ir transformando en centros de recursos", señala José María Escudero. "La ministra Celaá nos dijo que no nos preocupáramos", prosigue en su explicación, "nos dijo que estaba prevista la reducción del porcentaje de alumnos en colegios de educación especial porque el objetivo era dar un impulso a la educación ordinaria. Nosotros contestamos que lo importante era aumentar el presupuesto, no reducir los porcentajes".

    "Debido a nuestra presión y el revuelo ocasionado, el Gobierno eliminó la enmienda y la sustituyó por la disposición adicional cuarta, pero el objetivo sigue siendo el mismo", afirma Escudero, quien recuerda que Celaá habló de traspasar progresivamente al alumnado con necesidades especiales a centros ordinarios.

    Mientras tanto, bajo la etiqueta #StopLeyCelaá, la Federación de Enseñanza del sindicato USO lanzó una iniciativa de manifestación digital en la red Twitter que obtuvo más de 100.000 retuits, convirtiéndose en uno de los temas del día el pasado 3 de mayo. La petición de paralización del proyecto de ley LOMLOE contó con el apoyo de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), o la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), entre otros. Dentro del arco parlamentario los partidos opositores Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (C's) también se han opuesto a su tramitación durante el estado de alarma.

    La posición del Ministerio

    Desde el Gobierno de España se niega que uno de los objetivos de la nueva ley sea clausurar los centros de educación especial. La ministra de Educación, Isabel Celaá, afirma que tal interpretación "es infundada". La postura de su Ministerio es la defensa de la educación inclusiva, "abierta también a los niños con algún tipo de discapacidad, ese es nuestro modelo", declaró recientemente Celaá al diario 20 minutos.

    "Queremos mantener abiertos los centros de educación especial, que hacen su labor, pero también dar recursos a los ordinarios para que puedan incluir a los niños con alguna discapacidad", señaló, explicando también que la ONU ya había apercibido a España por su sistema educativo especial, que puede generar una discriminación y una merma en las posibilidades de incorporación a la sociedad.

    El informe de la ONU

    Con la disposición adicional cuarta, que es la que atañe a los centros de educación especial, la LOMLOE en principio trata de evitar cualquier discriminación de este alumnado y sus familias, procurando que se satisfagan los derechos recogidos en la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.

    El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad publicó un informe en mayo de 2018 advirtiendo que "la segregación y la exclusión de los estudiantes con discapacidades de la educación general equivale a violaciones graves de su derecho a la educación". Los autores de dicho informe alertaron de que el sistema educativo paralelo en España para alumnos cuyas discapacidades no les procuren una plaza en los colegios ordinarios, pueda también derivar "en trayectorias paralelas de la vida escolar, el empleo y más tarde la residencia, lo que lleva a resultados de vida muy diferentes", señaló entonces la presidenta del organismo, Theresia Degener, recomendando a las autoridades españolas acabar con esa dualidad.

    En opinión de la Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, esta situación se generó porque CERMI, que es el organismo que tiene la representación de estos asuntos también a nivel internacional, "denunció a España alegando que no se cumplía un modelo educativo inclusivo", explica José María Escudero. "Se organizó la visita de dos inspectores de la ONU. Entrevistaron a unas 165 personas, pero no consta cuáles ni qué colegios visitaron, parece ser que ninguno", dice.

    En España, el 86% de los estudiantes con algún tipo de discapacidad intelectual asiste a centros educativos ordinarios. "Pero eso no quiere decir que haya que eliminar la educación especial, los dos sistemas pueden convivir y de manera inclusiva. La discapacidad intelectual estará mejor atendida cuanto más plural sea el sistema educativo", señala Escudero.

    La memoria económica de la ley

    La aprobación de cualquier ley educativa en España siempre ha estado rodeada de polémica. La anterior ley, la LOMCE, sólo obtuvo en 2013 el único apoyo del Partido Popular, que entonces gobernaba España con mayoría absoluta. La actual LOMLOE disfruta del apoyo de más partidos, pero aun así dista de gozar de un consenso amplio.

    "Nosotros queremos que haya un pacto de Estado en este tema, porque nuestro colectivo es el más vulnerable", recuerda Escudero.

    Como toda ley, la LOMLOE precisa de una dotación económica, recogida en la memoria de la propia ley. "El Gobierno dice que la disposición está hecha para dotar de más medios económicos a la educación ordinaria, en eso estaríamos de acuerdo", matiza este docente. "Pero en la memoria económica no hay previsto ningún aumento del gasto para la educación ordinaria", se lamenta. "Y tampoco podemos eliminar a colegios de educación especial que son referentes mundiales".

    Etiquetas:
    Ministerio de Educación de España, ministra, Isabel Celaá, aprobación, enmiendas, ley educativa
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