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    España prorroga el estado de alarma por el coronavirus (165)
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    El principal centro demoscópico del país pregunta sobre la conveniencia de prohibir bulos y confiar toda la información veraz sobre el COVID-19 a fuentes oficiales. La oposición acusa al Gobierno de albergar un espíritu censor. Los distintos medios de control y seguimiento sobre los contagiados pueden resultar en un menoscabo de las libertades.

    En España la acción del Gobierno en su lucha contra la pandemia recibe críticas también desde el ámbito informativo. Más exactamente, desde la óptica del derecho a la información.

    Cuando el 15 de abril el Centro de Investigaciones sociológicas (CIS), organismo de titularidad pública y cuya dirección se nombra a propuesta del Gobierno, publicó una encuesta en la que preguntaba por la aceptación de medidas que supongan un freno al volumen de "información engañosa" y datos falsos, la respuesta de la oposición no se hizo esperar: el Gobierno estaría dando los primeros pasos para implantar "medidas totalitarias" al socaire de la lucha contra el virus SARS-CoV-2.

    "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por la redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?", plantea el estudio.

    Enseguida, tanto los opositores Partido Popular (PP), Vox y Ciudadanos (C's), como buena parte de la prensa escrita, tildaron el documento sociológico de ser un instrumento para predisponer a la opinión pública a favor de una ulterior merma de las libertades que rigen el estado de derecho y la libre circulación de información. "Se demuestra que la prioridad del Gobierno es lo que se cuenta y no solucionar la crisis", declaró vía Twitter el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

    El volumen de información, tanto institucional como privada, induce a pensar que la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar la crisis de salud pública desatada por la pandemia de coronavirus, pasa también por liderar el relato. Hay quien opina que la encuesta del CIS es parte de esta estrategia. El sociólogo José Félix Tezanos, exmiembro de la Comisión Ejecutiva Federal del gobernante Partido Socialista (PSOE), es el director del CIS, cargo al  que accedió en 2018 y en el que desde los primeros momentos ha estado sometido a críticas por parte de las diferentes formaciones políticas. 

    La encuesta también revela el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, solo el 46,5% de los encuestados dice tener mucha o bastante confianza hacia la gestión del Gobierno, mientras que el 47,8% desconfía de las medidas adoptadas por el Palacio de la Moncloa. Pese a que el respaldo a Sánchez no es mayoritario, el 87,8% de los consultados cree que los partidos de la oposición deberían apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento.

    El derecho a la información y a los bulos

    En España el tratamiento informativo que está recibiendo la pandemia de COVID-19 es omnipresente. Prensa, radio, TV y redes sociales dan cuenta a diario de un volumen gigantesco de datos, imposible de digerir en su totalidad. A partir de ahí se abre paso la necesidad de elegir. Las informaciones de los medios convencionales pueden estar condicionadas por sus líneas editoriales, aspecto del que el gran público es consciente. ¿Y la que circula por redes? Su caudal y flujo es enorme, lo hace sin cortapisas y a menudo sin ningún filtro. ¿Qué veracidad cabe otorgar a todo lo que se mueve por la red? Mejor dicho, ¿tiene derecho a circular en estos tiempos excepcionales una información aunque no sea veraz, tal y como se plantea el CIS?

    "En la sociedad de la información hay una continua batalla por llevarse 'el gato al agua', por ganar el relato", explica Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. "En las redes hay mucha gente que reproduce cosas y con finalidad jocosa o crítica, otra gente vive de eso, como los influencers, y luego están las fábricas de bulos, que pueden ser gabinetes de comunicación de partidos políticos. Pero es que esto es una democracia y hay que vivir con este riesgo", declara a Sputnik.

    Este docente de la facultad de CC. de la Información cree que la actual crisis de salud pública se está manejando desde el punto de vista de la comunicación y que los fallos de la acción de gobierno no salen a la luz pública "porque la estrategia comunicativa del Gobierno ha sido intensa". "Y ahora se sacan de la chistera lo del control de la información". ¿El CIS puede hacer estas preguntas? "Sí, las puede hacer. Jurídicamente no es reprobable, pero política y socialmente sí, porque preparan el camino para una cierta intervención de la libertad de información. Si lo hiciera una entidad privada no habría ningún problema, pero el CIS es público", explica Sánchez de Diego, quien afirma:

    "El estado de alarma no posibilita la intervención de la libertad de información".

    "Tampoco el estado de excepción. Ni el de sitio, solamente respecto a informaciones sensibles", señala. "Claro que hay bulos y exageraciones, pero los bulos se combaten con otra información, no con la ley". Este profesor universitario incide en que si un bulo genera un daño, a sus autores cabe cargarles la responsabilidad, si bien los daños contra el honor hay que matizarlos, "pues el Tribunal Supremo ya falló en su día que los políticos no pueden apelar a tal protección igual que un ciudadano de a pie", argumenta. "Pero, ojo, una información veraz también puede generar daño. Que sea verdad no es un cheque en blanco. Hay verdades que hacen daño. Con la pluma se mata diciendo la verdad, jurídicamente puedes ser sancionado aun diciendo la verdad", concluye, precisando la diferencia entre el delito de calumnia y el de injurias.

    La tentación del control de la ciudadanía

    Uno de los aspectos más contradictorios de la lucha contra la pandemia de COVID-19 es la paradoja resultante de enfrentar las diversas medidas para atajar el virus. El régimen de confinamiento atenta en principio contra libertades fundamentales como la de movimiento, y el aislamiento eficaz de los casos de contagio se logra también mediante el seguimiento de la población con tecnologías de la información que incorporan datos de geolocalización. En otras palabras, lo que da buenos resultados en China, resulta difícil de plantear aquí.

    ¿Está por delante el derecho a la salud de las libertades individuales? La actual crisis puede estar cambiando los conceptos de mucha gente y tal vez en este sentido haya que entender la pregunta del CIS. En entrevista radiofónica a Onda Cero, el propio Tezanos ha declarado que lo que se ha planteado es que "en determinados momentos se pueda controlar la información que se haga sobre el coronavirus (…), no la demás".

    Las críticas al planteamiento de la pregunta del CIS inciden en el carácter capcioso de la misma, se acusa  a este organismo de poner a los encuestados ante una falsa disyuntiva, pues se ofrecen dos opciones extremas. El director de este centro demoscópico asegura que la pregunta carece de "intencionalidad política" y que sólo es un reflejo de la "sensibilización" de la sociedad frente a los bulos, pero desde las asociaciones de periodistas se condena la tentación de ejercer un control sobre la información.

    El estudio también ha planteado también otra pregunta polémica:

    "¿Estaría Ud. de acuerdo con que en España no se permitiese salir a la calle y que las medicinas y suministros alimentarios se llevaran a las casas por personal especializado, como se ha hecho en China?"

    El 57,7% de los encuestados respalda la iniciativa y un 38,6% se muestra en contra. Esta pregunta puede relacionarse con un hipotético endurecimiento de las condiciones del confinamiento en caso de que las actuales medidas no arrojen como resultado un descenso claro de los casos de contagio antes del 26 de abril. Pero, sobre todo, la cuestión atañe a las dificultades de importar las medidas de control que han permitido a China atajar la pandemia en Wuhan. Es decir, las autoridades españolas parecen querer sondear la opinión pública ante un esquema que, si bien ha obtenido resultados positivos en Asia, aquí se asume como demasiado ajeno. Basta recordar el revuelo producido en fechas anteriores ante la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad pudiera ofrecer aplicaciones digitales con función de geolocalización.

    Tema:
    España prorroga el estado de alarma por el coronavirus (165)
    Etiquetas:
    noticias falsas, encuestas, censura, control, información, pandemia de coronavirus, coronavirus de Wuhan, coronavirus
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