El 24 de febrero una corte del Reino Unido empezó la primera fase del juicio de extradición del periodista australiano a Estados Unidos y previsiblemente concluya el 28 de febrero.
"Las medidas de castigo contra el periodista en pleno siglo XXI es una práctica inaceptable y una vergüenza para los países occidentales que se autoconsideran democráticos y libres", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comparecer ante la prensa.
El mundo entero civilizado, agregó, considera el caso Assange como "un golpe al periodismo de investigación y a los medios de comunicación independientes".
El 26 de febrero, Edward Fitzgerald, abogado del periodista, enfatizó en la corte de Woolwich, en el sureste de Londres, que "la protección" contra la deportación "por un delito político" es un principio fundamental, histórico e internacional.
La defensa de Assange, paralelamente, busca que Francia le otorgue asilo político.
Más de cuarenta reconocidos juristas internacionales han pedido al primer ministro británico, Boris Johnson, que frene el proceso de extradición contra el activista australiano y lo ponga en libertad.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama a Assange por un supuesto delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y diecisiete cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.
Es la primera vez que la ley de espionaje, que data de 1917, se emplea contra un editor o un medio de comunicación, según el entorno de la plataforma de filtraciones.
Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.
