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    El desmontaje de la reforma laboral emprendida por el Partido Popular (PP) en 2012, una de las promesas más rutilantes del Gobierno de coalición español, se enfrenta a un arduo camino que entraña trabas, pactos y renuncias. Asimismo, el Ejecutivo habrá de sudar para desactivar la Ley Mordaza u otras que atañen al ámbito educativo y judicial.

    Sin embargo, la primera medida, la derogación del despido por bajas médicas justificadas, se ha aprobado sin ningún tipo de negociación. 

    "Porque con los derechos humanos no se negocia", ha afirmado en reiteradas ocasiones Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social. Díaz justifica así que se haya recurrido a un decreto-ley para eliminar por la vía rápida el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores ―que facultaba a las empresas para aplicar el llamado despido por absentismo aun cuando este estuviese justificado con una baja médica― sin negociar con sindicatos ni patronal.

    Poco espacio de maniobra

    Teniendo en cuenta la exigua mayoría parlamentaria con la que cuenta el Gobierno de coalición y el gran consenso que además deberá granjearse a través del diálogo con organizaciones sociales y de empresarios, el margen de maniobra del Ejecutivo se vislumbra estrecho. El propio Ministerio de Trabajo habla de derogar los aspectos "más urgentes y lesivos" de la actual legislación laboral, lo cual invita a pensar que no se podrá acometer su total anulación.

    Por otra parte, la celeridad de esta primera medida ha venido precedida de un informe a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas conclusiones suponen un espaldarazo al marco laboral auspiciado por el Gobierno de Mariano Rajoy a partir de 2012. "Hay pruebas contundentes de que la reforma laboral de 2012 incrementó la flexibilidad salarial, lo cual ayudó a la economía española a recuperar la competitividad y crear puestos de trabajo", se señala en tal informe.

    Estas conclusiones fueron bien recibidas por la oposición parlamentaria que lidera el PP, pero también fueron rápidamente contestadas por los sindicatos españoles. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), tildó el estudio de falto de validez metodológica. Según él, las reformas laborales de 2010 (del PSOE) y 2012 (del PP) sólo sirvieron para empeorar las condiciones del mercado laboral. 

    Al respecto, Santiago Niño Becerra, catedrático de Estructura Económica en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, aporta otro punto de vista:

    "Yo otorgo toda la validez al informe del FMI. Lo vengo diciendo desde hace años, no hay más que ver las estadísticas del Eurostat. España crea más empleo, aunque de peor calidad".

    Este experto incide en que el FMI sólo ha puesto un texto a las estadísticas que maneja el Eurostat. "Los sindicatos protestan, pero no hay alternativa. Y el problema no es la reforma laboral, sino el modelo productivo español, que no crea empleo de alto valor añadido, sino precario", explica.

    Un modelo lastrado por la improductividad

    España presenta un modelo económico que históricamente crea muy poco valor añadido. Para crear empleo, en 2008 el país tenía que crecer a una tasa del 2,5%.

    "Así que en 2010 la reforma laboral del Gobierno de Zapatero redujo las indemnizaciones por despido, pues en España no era difícil despedir, pero sí caro. Se mejoró la competitividad y del 2,5% de crecimiento para crear empleo pasamos a un 1,5%, pero parte de los costes laborales se convierten en costes variables", afirma Niño Becerra. "Y el FMI lo explica: el empleo creado es precario".

    En su opinión, "la reforma laboral se puede derogar mañana mismo, pero se hundiría la competitividad, porque España no compite en productividad, que es muy baja, sino en costes laborales. Y ahí no podemos competir con Marruecos". Y resalta:

    "El Gobierno está entre la espada de sus promesas y la pared de la competitividad de las empresas españolas. Mal asunto".

    Otro revés por parte de Europa

    El fallo unánime del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por el que avala las devoluciones en caliente de inmigrantes ilegales en España, también añade incertidumbre a la promesa de derogar la Ley de Seguridad Ciudadana establecida por el anterior Gobierno del PP. Y es que estas expulsiones inmediatas en la frontera de los enclaves africanos de Ceuta y Melilla fueron recogidas en esta ley ya en 2015.

    Y ahora, con el dictamen europeo a favor del recurso presentado por el anterior Ejecutivo español ―inicialmente se falló que la medida conculcaba el Convenio Europeo de Derechos Humanos―, el actual Gobierno no puede investirse de tantos argumentos como quisiera para llevar a cabo sus intenciones. Como declaró a los medios la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul:

    "La sentencia ha caído como un palo gordo".

    Es más, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asumiendo la sentencia, ya ha anunciado el aumento de la altura de las vallas fronterizas.

    La educación de la discordia

    La derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en 2019 a cargo del Gobierno socialista, entrañó la total oposición del partido que la había aprobado (el PP) y de la Iglesia católica. La nueva ley incluye la religión en los currículos educativos como asignatura opcional y sin contraparte, pero no así su valor académico en los expedientes.

    La nueva ley, también llamada Ley Celaá en virtud de la anterior ministra de Educación socialista, Isabel Celaá, consignó el derecho y obligación de los alumnos a formarse en principios democráticos de convivencia, así como en derechos y libertades acordes a la Constitución española, restringidos en opinión del Ministerio de Educación al obligar al alumno a elegir entre la asignatura de educación en valores cívicos o la de religión.

    De tal suerte, se ha llegado a la actual situación de confrontación con la comunidad educativa allá donde los Gobiernos autonómicos están sostenidos por Vox. Con el argumento de que la actual ley "anula el papel de los padres en la educación de sus hijos", este partido recoge en su programa la imposición del llamado pin parental, una especie veto de los padres que les faculta para vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en los centros educativos de enseñanza infantil, primaria y secundaria.

    El asunto, que tiene enfrentados al Gobierno y comunidad educativa por una parte, y a PP y Vox de otra, se está dirimiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, región que ha empezado a aplicar esta polémica medida.

    Nuevo modelo energético

    Derogado ya en octubre de 2018 por el Gobierno en minoría de Pedro Sánchez el llamado impuesto al sol, que obstaculizaba el desarrollo de la energía solar y del autoconsumo eléctrico en España, el camino hacia un nuevo modelo energético no tiene por qué devenir en fricciones entre PSOE y Unidas Podemos. 

    Ambas formaciones creen que debe estar basado en las energías renovables y en la eficiencia. Las diferencias podrían surgir a la hora de cómo plasmarlo.

    Los de Pablo Iglesias apuestan por la creación de una empresa pública energética. Según el experto Jorge Morales de Labra, director de Próxima Energía, es probable que centrales hidroeléctricas cuya concesión de explotación finalice, no se vuelvan a renovar, pasando al control del Estado mediante una empresa pública que las gestione. Por contra, los socialistas abogarían por volver a sacarlas a subasta, y con ese dinero invertir en otras políticas energéticas.

    "El problema sería que esa empresa pública se pusiera a hacer otras cosas, a promover centrales de energías renovables, por ejemplo", señala Morales de Labra, quien recuerda que ambos partidos convienen en aplicar una fiscalidad verde a quien más contamine.

    Según este experto, tampoco cabría esperar grandes tensiones sociales por desarrollar un nuevo modelo energético, "pues se pueden dar subvenciones en función de la renta para la compra de coches eléctricos, con lo que se compensa los impuestos al diesel".

    Justicia atascada

    En el ámbito de la Justicia, el nuevo Ejecutivo español tiene ante sí la ardua tarea de recuperar la funcionalidad de la Ley Justicia Universal, que el PP dejó sin practicidad en 2014. En 2018 el Tribunal Constitucional falló a favor de la limitación jurisdicción universal, desestimando así un recurso interpuesto por el PSOE.

    La legislatura pasada también acabó sin lograr la derogación del Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (entró en vigor en 2015) y que limita las investigaciones. En concreto, restringe a seis meses la investigación de causas penales y a 18 los casos más complejos (prorrogables a otros 18). De resultas, el plazo máximo de instrucción de un caso puede sobrepasarse y obrar que el acusado quede exento de responsabilidades, como pasó en diciembre de 2018 con el expresidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Investigado por tres casos de corrupción, ya ha quedado absuelto del primero de ellos.

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    Fondo Monetario Internacional (FMI), informe, Comisiones Obreras, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Ley Mordaza, legislación, reforma laboral, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, PSOE, Partido Popular de España, legado
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