"Con el fin de ocultar sus errores la Fiscalía de Países Bajos encontró pretextos para acusar a Rusia de una supuesta cooperación deshonesta en materia de asistencia jurídica", dijo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La funcionaria se refirió a la notificación que la fiscalía neerlandesa envió a su similar rusa a principios de diciembre respecto a la solicitud de extradición del ciudadano ucraniano Vladímir Tsemaj, presunto implicado en la catástrofe aérea del avión Boeing malasio.
Todos los 298 ocupantes de la aeronave, en su mayoría neerlandeses, murieron. El Ejército ucraniano y las milicias de Donbás se acusaron mutuamente de la catástrofe.
Zajárova indicó que la fiscalía general de Países Bajos incumplió el procedimiento del Convenio europeo de extradición. Se estableció que el organismo carecía de una orden escrita de arresto de Tsemaj, considerado por Ucrania como testigo clave del derribo del avión.
"Al parecer los neerlandeses quieren responsabilizar nuevamente a Rusia por la demora y la ineficacia de la investigación", advirtió.
Tsemaj fue secuestrado en junio pasado por las fuerzas de seguridad de Ucrania desde una localidad controlada por las milicias de Donbás. En septiembre, el Gobierno ucraniano le puso en libertad en un canje de reos con Rusia.
Zajárova enfatizó que su país está interesado en el establecimiento de la verdad.
La portavoz diplomática destacó que Rusia inclusive entregó datos secretos de sus armas, los resultados de experimentos, datos de radares y otros documentos que confirmaron que el avión de pasajeros fue derribado por un misil ucraniano. Unos datos que Países Bajos prefirió obviar.
"Es totalmente evidente que ese método selectivo de los neerlandeses de gestionar la información no permite avanzar la investigación", alertó.
Zajárova advirtió que el grupo internacional que investiga la catástrofe carece de pruebas convincentes.
"No está claro qué pruebas presentarán en el juicio que se llevará a cabo en marzo de 2020. Siguen sin tener pruebas contundentes", dijo.
En junio pasado, el Equipo de Investigación Conjunto (JIT) integrado por expertos de Países Bajos, Australia, Malasia, Bélgica y la propia Ucrania, país que en un primer momento fue apuntado como responsable del derribo, presentó un informe con los nombres de cuatro personas supuestamente implicadas en el derribo del avión.
El equipo de investigación se ha empeñado en responsabilizar a Rusia del derribo pese a los datos de los radares que dicen lo contrario y las evidencias que indican que el misil era propiedad del Gobierno ucraniano.
La investigación del JIT obvió los testimonios de los habitantes de la zona que afirman que el misil fue disparado desde una zona controlada por los militares ucranianos.
El Gobierno de Malasia también ha puesto en entredicho la investigación del JIT y exigió a este organismo que presente pruebas que sustenten sus acusaciones contra Rusia.
Además, las autoridades del país asiático denunciaron la politización del caso.
