El magistrado acusa a Rifaat Asad de ser el líder de un grupo criminal cuyas órdenes eran seguidas por sus esposas, hijos y testaferros, y que se dedicaba a blanquear en distintos países europeos fondos ilícitamente depredados del Tesoro nacional sirio.
"De la Mata acuerda continuar el procedimiento contra estas 14 personas por delitos de asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales y relata cómo actuaron de acuerdo a un plan preconcebido, proyectado en el tiempo y que se remonta a los años 80", señala el tribunal español.
En el caso de España, las primeras actividades de la familia Asad fueron en 1984, con la compra de plazas de garaje, y posteriormente la adquisición de inmuebles y fincas y la inversión en negocios en varios puntos de la denominada Costa del Sol.
En total, según las pesquisas judiciales, Rifaat Asad contaría con 507 propiedades por valor de 695 millones de euros en España, donde el juez sospecha que ocultó su gran patrimonio a nombre de sociedades administradas por hijos y esposas.
"El reparto de tareas y la perfecta coordinación entre todos los miembros de la organización" fue lo que permitió un despliegue criminal de tal envergadura, sostiene el magistrado en su auto.
El juez argumenta que las inversiones multimillonarias que esta organización llevó a cabo en España se desarrollaron en "la más absoluta opacidad y con una estructura de cientos de sociedades pantalla" con la "única finalidad" de "facilitar el blanqueo de capitales".
El grupo dirigido por Asad disfrutaba de un nivel de vida por encima "incluso de personas con alto poder adquisitivo", ya que contaban con bienes propios de "personas multimillonarias", dice el juez, que pone como ejemplo varias embarcaciones, un avión privado, y vehículos de alta gama.
"El juez concluye que reúnen los requisitos de integrantes de una organización criminal, con carácter estable en el tiempo, que se ha servido de paraísos fiscales, de instrumentos societarios y de cientos de sociedades en cascada administrados por la familia y testaferros hasta que se ha producido el bloqueo de su actividad, tanto en España como en otros países europeos", señala al respecto la Audiencia Nacional.
Tras el dictado del auto, el fiscal podrá solicitar que se abra un juicio contra los 14 investigados en un periodo de diez días, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
