"Macron y las bases políticas que lo sostienen están buscando a como dé lugar argumentos para rechazar ese acuerdo", señaló el especialista, investigador en el Observatorio de Brasil del Centro Argentino de Estudios Internacionales.
El jueves Macron calificó como una crisis internacional la propagación de los incendios en la Amazonía y propuso tratar esta situación de emergencia en la próxima cumbre del G7.
En el entorno del presidente Marcon se advierte una reticencia a consagrar el acuerdo suscrito entre la UE y el Mercosur (Mercado Común del Sur), que integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (actualmente suspendido).
"Francia ha sido un emisor sistemático de voces poco condescendientes con el acuerdo", observó Talavera al referirse a la portavoz del Gobierno de Macron, Sibeth Ndiaye o el ministro de Agricultura, Didier Guillaume.
El Gobierno francés aprovecha los incendios en Brasil para desplegar "un juego de sombras al estilo Kabuki (teatro tradicional japonés)" de modo "que lo que dicen públicamente los actores no es estrictamente lo que está pasando", afirmó el historiador.
"Macron pertenece a una clase de dirigentes franceses que no se caracteriza por una sensibilidad medioambiental, por lo que es un poco sospechoso", explicó.
"En ese sentido, Macron puede estar agradecido de que Bolsonaro tiene los modos que tiene", añadió el especialista.
El presidente brasileño, por su parte, no está preocupado por la intervención francesa, sino que alienta la crisis diplomática con el país europeo en un intento "de buscar un enemigo exterior que lo distraiga de su propia crisis interna", puntualizó el historiador.
"Las intencionalidades no son las que se declaman, sino que se está vehiculizando un drama para finalmente mejorar las posiciones relativas de los liderazgos relativos correspondientes", resumió.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur alcanzado el pasado 28 de junio debe ser ratificado no solo por los Congresos de los países del Mercosur y por los 28 Estados miembro de la UE, sino también por el Parlamento europeo, en donde el texto debe ser avalado, como mínimo, por 16 de sus integrantes que representan al menos el 65% de la población comunitaria.
