"Los siguientes individuos fueron añadidos a la lista de SDN [designados para sanciones] de la OFAC: BLANCO MARRERO, Rafael Ramón (…), FRANCO QUINTERO, Rafael Antonio (…) GRANKO ARTEAGA, Alexander Enrique (…), GUERRERO MIJARES, Hannover Esteban", publicó la cartera en su página web.
El Departamento del Tesoro indicó que "la DGCIM, incluyendo estos oficiales, ha sido acusada de sistemáticos abusos a los derechos humanos y de reprimir el disenso", y destacó que las penas se aplican "luego del arresto, abuso físico y muerte del capitán de navío venezolano Rafael Acosta Arévalo".
El funcionario subrayó que Washington "usará todos sus poderes para poner en la mira a todos los que ayudaron al ilegítimo régimen de Maduro a reprimir el disenso, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano".
El Departamento detalló que, como resultado de las sanciones, todas las propiedades directas o indirectas en EEUU de los funcionarios militares, como cuentas bancarias, serán bloqueadas.
Además, el Gobierno estadounidense había pedido que se aclarara la muerte por presuntas torturas del capitán Acosta Arévalo, mientras se encontraba detenido en la DGCIM, por su supuesta participación en un frustrado golpe de Estado contra Maduro.
Por ese caso, la Fiscalía venezolana imputó a dos funcionarios de la DGCIM, a quienes acusó por los delitos de homicidio preterintencional con causal.
El pasado 4 de julio, Bachelet hizo público un informe con las conclusiones de la visita que realizó a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio, asegurando que en ese país existe una "estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política".
En el texto el mandatario señala que el contenido del trabajo es "profundamente lesivo", y acusa a la alta comisionada de no haber escuchado al Gobierno durante su visita.
Además, el Ejecutivo presentó 70 observaciones en las que afirma que el documento carece de objetividad, posee imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones.
