"La suspensión de la nacionalidad no está contemplada en el derecho. Es decir, se tiene la ciudadanía o no. Es una situación ambigua la de Assange, porque lamentablemente ha superado la connotación jurídica y se ha tornado en un problema de carácter político", dijo a Sputnik el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica Equinoccial y doctor en derecho constitucional, Jorge Benavides.
El abogado y consultor ecuatoriano Cristian Pino, miembro del colectivo de acción política Foro de los Comunes, dijo a Sputnik que, en "estricto rigor", la suspensión de la nacionalidad en Ecuador no existe, por lo que Assange todavía es ciudadano ecuatoriano.
"La declaración del Gobierno fue en base a un interés político, no en base a lo jurídico", sostuvo.
El experto opinó que el Gobierno de Lenín Moreno tomó esta medida para no obstaculizar una eventual extradición de Assange a un tercer país.
"Recordemos que la Constitución ecuatoriana prohíbe que el Gobierno entregue a otro país a un ciudadano ecuatoriano", señaló.
Por su parte, Benavides dijo que, como la ciudadanía no puede ser dejada sin efecto por una mera declaración del poder público, la medida que adoptó el Gobierno ecuatoriano puede ser "discutible" en términos del derecho, ya que no se siguió el procedimiento jurídico.
Lo que el Gobierno sí podría hacer, acotó Pino, es solicitar que se declare judicialmente la nulidad de la ciudadanía.
La administración de Moreno podría alegar que el proceso para otorgarle la nacionalidad a Assange tuvo algunos vicios, como pueden ser la ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el sometimiento de fraude a la ley en el proceso de concesión de la nacionalidad, explicó el abogado.
"Si el Gobierno identifica alguna de estas causales, lo que tiene que hacer es declarar lesividad del acto administrativo y solicitar que esta declaración administrativa sea rectificada por el juez de lo contencioso administrativo", señaló.
Pinto agregó que, solamente una vez que el juez haya declarado la concurrencia de alguno de estos causales, puede declarar la nulidad del acto administrativo.
Pino explicó además que la Constitución exige que a Assange se le hubiera puesto en conocimiento de este interés de nulidad y que hubiera tenido la posibilidad de defenderse.
"La defensa de Assange debería poder presentar pruebas de descargo que justifiquen la inexistencia de las causales para la revocación o la anulación de la naturalización. Sobre esto último, al menos no existe ningún conocimiento público de que efectivamente haya sucedido eso. Es decir, en mi criterio estamos muy lejos de decir que Assange no es ciudadano ecuatoriano", agregó.
Asilo versus ciudadanía
Por otra parte, Benavides señaló que la decisión de conceder asilo es una decisión soberana y unilateral del Estado, lo cual supone que se puede mantener o se puede dar por terminada según si el asilado sigue o no las reglas del Gobierno que lo está acogiendo.
Benavides afirmó que el hecho de que Assange fuera ciudadano le quitaba la condición de asilado de la embajada, porque ningún ecuatoriano debería pedir resguardo en el territorio de su país.
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Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba la Embajada de Ecuador en el Reino Unido y detenido por la policía británica, juzgado y condenado por burlar una orden de arresto en 2012.
El Departamento de Justicia de EEUU sostuvo en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.
Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
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El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto, que la policía británica hizo efectiva el 11 de abril pasado.
