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    Argentina, dividida por la baja de la edad de imputabilidad penal

    CC BY 2.0 / Dave Nakayama / caged
    Política
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    El anuncio del Gobierno argentino sobre un posible descenso de la edad de imputabilidad penal generó indignación en algunos sectores de la sociedad civil organizada. Para las autoridades, se trata de una medida que evitaría el delito, mientras que las voces críticas alertan sobre los efectos negativos de esta política de seguridad.

    Si prospera la intención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la edad de imputabilidad penal bajaría de 16 a 15 años. Según dijo la funcionaria a la radio Mitre, el fin es evitar que "la primera conducta disvaliosa" de un joven en conflicto con la ley se prolongue en el tiempo.

    Bullrich también aseveró que, de aprobarse la medida, "no solo se va a generar la conducta sancionatoria, sino una conducta de comprensión de que si sigue por ese camino va a ser peor", al tiempo que aseguró que el espíritu de esta norma está en consonancia con las políticas de seguridad impulsadas por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

    "El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual", dijo la ministra. Sin embargo, esta medida lejos está de un consenso en la sociedad. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), organización que releva los exceso de las fuerzas de seguridad en Argentina, consideran que es parte de una estrategia electoral del oficialismo en miras a los comicios presidenciales y legislativos de octubre.

    "El Gobierno está apostando fuertemente a una estrategia electoral que tiene que ver con la incapacidad e imposibilidad de dar una respuesta económica que satisfaga los intereses de nuestra gente. La disfraza con el 'voto bala', que es ir endureciendo estas propuestas represivas", indicó a Sputnik Ismael Jalil, abogado y portavoz de la Correpi.

    Para Jalil, la disminución de la edad de imputabilidad penal se inserta en las "medidas meramente demagógicas que no conducen a ningún resultado positivo". Según dijo el activista, "gobernar con el Código Penal en la mano y a ejecutar políticas cada vez más duras, lo único que potencia es la violencia que ya está desplegando el Estado", además de "ampliar el arco de sus potenciales víctimas".

    Desde 1996, la Correpi lleva un registro de las muertes por el aparato represivo del Estado que va desde el restablecimiento de la democracia tras la última dictadura militar (1983) hasta el presente. Hasta 2017, las fuerzas de seguridad del Estado a nivel nacional son responsables de la muerte de 5.462 personas.

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    La semana pasada la Correpi anunció que en lo que va de la gestión de Mauricio Macri (iniciada en diciembre de 2015) 1.206 personas murieron en situaciones vinculadas con las fuerzas de seguridad del Estado, una cifra equivalente a un muerto cada 22 horas.

    Asimismo, apuntan a que probablemente la cifra total incremente cuando se conozcan los datos de muertos en unidades penitenciarias federales o de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, para 2018. Por eso, la entidad anunció el lanzamiento de su informe anual para marzo de 2019.

    En ese sentido, para Jalil la baja de la edad de imputabilidad penal no es una medida aislada, sino que se inserta en "un contexto generalizado de agudización represiva", que se suma a la compra de armas eléctricas Taser o la expulsión de los migrantes en conflicto con la ley.

    "Lo que están haciendo es una serie de medidas que tratan de calmar la necesidad de seguridad de algunos sectores, que por otro lado, muy asustados por la tremenda campaña mediática que se ha instalado, terminan avalándolo. El problema que tienen esos sectores es que el día de mañana pueden ser ellos las víctimas. No sé si lo ignoran pero subestiman esa posibilidad", indicó el portavoz de la entidad.

    La ministra Bullrich lanzó sus dardos contra la Correpi y aseguró que desde la organización "mienten descaradamente" al afirmar que en el Gobierno de Macri una persona muere cada 22 horas producto del gatillo fácil, en una entrevista con el portal Infobae.

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    Según Jalil, las cifras no solo incluyen las muertes provocadas por el llamado 'gatillo fácil' —el poder de fuego inmediato de los agentes policiales en situaciones de conflicto—, sino también "las muertes en los lugares de detención" y "las desapariciones forzadas seguidas de muerte en las cuales ha habido intervención de alguna fuerza de seguridad".

    También se incluyen "los muertos en situaciones de protesta social" y los casos dentro de las mismas fuerzas de seguridad, o en contextos familiares y barriales a través del uso del arma provista al agente por el Estado.

    "Todo ese combo da como resultado un muerto cada 22 horas, que es el récord absoluto que tiene el Gobierno de Macri que la ministra Bullrich se empeña a desconocer. Hace mucho tiempo que venimos sosteniendo que la ministra Bullrich rehúye el debate", indicó el abogado.

    A esta polémica se ha sumado además la compra de armas Taser para utilización en estaciones de tren y aeropuertos de Argentina. El uso de estas armas ya es un hecho en algunas fuerzas nacionales y provinciales de élite, indicó Jalil.

    "Las Taser son un mecanismo de electroshock tristemente célebre en Argentina. En vez de balas disparan ondas, que paralizan e interceden sobre el sistema nervioso. Es un claro elemento de tortura: es una picana más fina", denunció el activista.

    "Además están terminantemente prohibidas sobre una franja amplia de la población. No se puede tirar sobre embarazadas, ¿qué policías o qué integrante de las ffss puede determinar si una mujer está con tres meses de embarazo? Tampoco sobre cardíacos, ni psicóticos, ni menores de edad. ¿Cómo hace un policía para saber si un chico es mayor de edad?", agregó.

    Desde el Gobierno se ha dicho que estas armas no son letales, pero la Correpi consideran que "todas las armas son letales", como lo demuestra un caso en Argentina, en Neuquén, donde un maestro murió en una protesta a causa de un cartucho lacrimógeno lanzado por un policía.

    Según el abogado, las Taser han sido criticadas por el Comité contra la Tortura de la ONU como herramientas de tortura, así como por autoridades similares de la Unión Europea. En Argentina, temen que más armas de este tipo impliquen "un agravamiento del poder de fuego de la policía y las fuerzas de seguridad contra un pueblo indefenso, que paga las consecuencias", concluyó Jalil.

    Etiquetas:
    delitos, menores, crimen, cárcel, seguridad, Argentina
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