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Los indígenas de Brasil, amenazados por el auge de Bolsonaro

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Miles de indígenas brasileños ven en peligro la permanencia en sus tierras ancestrales en caso de que el ultraconservador Jair Bolsonaro llegue a la presidencia. El militar retirado aseguró que "no habrá ni un centímetro más" de superficie para los pueblos originarios. Desde la sociedad civil, alertan sobre un contexto "muy preocupante".

No han sido dichos aislados de Bolsonaro los que han suscitado la preocupación de grupos de defensa de los pueblos originarios. Incluso antes de volverse uno de los candidatos favoritos para la presidencia, el capitán del Ejército ha mencionado su oposición a la demarcación de tierras para las comunidades indígenas.

"Los indios ya tienen tierra de más", afirmó en un acto.

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En el censo de 2010, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) relevó la presencia de 896.917 indios, casi un 0,4% de la población nacional. La mayoría (63,8%) vive en el área rural, y hay comunidades en todas las regiones del país.

Según los datos oficiales, hay más de 300 etnias indígenas distintas en Brasil. Se estima además, en base a testimonios y otros indicios, que existen por lo menos 112 grupos indígenas aislados. La mayoría está en la Amazonia, una región que ha sido objeto de polémicas en la campaña electoral, ya que Bolsonaro defiende su explotación comercial.

Las comunidades reivindican al menos 1.306 tierras en todo el país. Hasta el momento, el reconocimiento oficial de un 64% de estas extensiones está pendiente, según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), un organismo vinculado a la Conferencia Episcopal de Brasil que trabaja con los pueblos originarios. 

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El proceso de demarcación, contemplado por la Constitución brasileña de 1988 y por leyes federales, podría verse suspendido en caso de que Bolsonaro llegue al Palacio de Planalto. Según un comunicado del CIMI, el ultraconservador "trata como un privilegio lo que es una deuda histórica".

"El contexto actual es muy preocupante. Venimos de un proceso histórico en el que los derechos de los pueblos no están siendo priorizados", explicó a Sputnik Gilberto Vieira, secretario adjunto del CIMI.

"Las declaraciones evidentes de que si fuera electo no habría demarcación de tierras indígenas y la composición de fuerzas [en el Congreso] con sectores vinculados al agronegocio y otros que tienen interés en las tierras indígenas, de hecho muestra un cuadro bien peligroso", agregó.

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El CIMI alertó sobre la difusión en redes sociales de un vídeo en el Bolsonaro rechaza de plano la demarcación de tierras, que a su criterio atenta contra el interés nacional. El ultraconservador sugiere que estas reivindicaciones están impulsadas por otros países e indica que al reconocer la propiedad a las comunidades, se arriesga que "generen Estados independientes de Brasil".

El artículo 20 de la Constitución establece que "las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios" y sus "recursos minerales, inclusive del subsuelo", son inalienables y pertenecen al Estado brasileño. Según el IBGE, las tierras reconocidas constituyen un 12,5% de la superficie de Brasil, es decir, cerca de un millón de kilómetros cuadrados.

Para Vieira, la supuesta amenaza del separatismo de las comunidades indígenas ya había sido utilizada por sectores conservadores que se opusieron a este reconocimiento en el texto fundamental del Estado. Son argumentos "que no reverberan" en las comunidades y que "buscan reafirmar el racismo institucional".

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"En Brasil, hace siglos se busca reafirmar que esos pueblos tienen derechos originarios respecto a otros, y deben ser respetados como ciudadanos brasileños. La Constitución de 1988 dio un paso en ese sentido, y no hay ninguna manifestación que tenga base en la lucha por el separatismo", indicó el referente del CIMI.

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En cambio, Vieira recordó que en el sur de Brasil hay sectores no indígenas que proponen la separación de sus Estados de la unión federativa.

De acuerdo con el CIMI, los ataques de Bolsonaro a los grupos indígenas están motivados por "la defensa de los intereses privados ante los del Estado y el pueblo de Brasil", según el comunicado en el que denuncian la falsedad del separatismo indígena.

Los sectores ruralistas, que propugnan el derribo de extensiones de bosques tropicales y otros biomas para dedicarlas a la ganadería y la agricultura, son uno de los principales aliados del presidenciable y tradicionalmente se han manifestado en contra de la demarcación de tierras indígenas.

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Este colectivo cuenta con una bancada propia en el Congreso federal, que podría tener incidencia en las políticas medioambientales y de derechos indígenas en caso de un Gobierno encabezado por Bolsonaro. Según datos del Observatorio del Clima de Brasil, la deforestación de la Amazonia aumentó en el período de la campaña electoral en un 36%, posiblemente alentada por la posibilidad de una amnistía del nuevo Gobierno tras las elecciones.

El CIMI ha relevado en la última década el asesinato de 1.071 indígenas, principalmente debido a conflictos territoriales. La falta de demarcación de la tierra propicia el avance de la industria de la madera, la minería y los ruralistas, y deja un saldo de casi 10 muertos por mes. En 2017, fueron 110 los integrantes de comunidades originarias asesinados en esas circunstancias.

La situación se agravó a partir de 2016, con la paralización de las demarcaciones con el acceso al Gobierno de Michel Temer, tras el juicio político que destituyó a la presidenta popularmente electa, Dilma Rousseff. Las fiscalizaciones se redujeron, y los indígenas quedaron más desprotegidos ante la invasión de otros sectores.

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Las promesas de Bolsonaro respecto a la liberalización de las actividades productivas en la Amazonia y el relajamiento de la normativa ambiental —que considera "una industria de multas"— solo agravarían este cuadro.

En ese sentido, Vieira subrayó que "cualquier iniciativa" de explotación de los "bienes de la naturaleza" va a redundar en una violación de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, recordó los efectos de la construcción de rutas, represa hidroeléctricas y otras obras de infraestructura "que significaron casi la extinción para muchos pueblos".

"Ese discurso de que la Amazonia tiene que ser liberada va contra acuerdos que Brasil asumió en conferencias del clima, por la reducción de emisiones, la preservación de los bosques, la reforestación y el cuidado del medioambiente", dijo el portavoz del CIMI.

"Los pueblos indígenas son, como otros pueblos tradicionales, los que vienen preservando ese espacio. Entonces permitir que cualquier explotación se de en esas regiones resultará por cierto en una reedición de crímenes que históricamente fueron cometidos contra esos pueblos", agregó.

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Particularmente frágil es la situación de los grupos aislados de la Amazonia, comunidades que "no tuvieron contactos" con el resto de la sociedad o los mantuvieron en el pasado, pero decidieron suspenderlos.

Estos grupos hablan sus propias lenguas y no el portugués, y dentro de su cosmovisión no entienden ni siquiera el concepto del Estado brasileño. Su subsistencia depende de la protección del Estado. Desde el CIMI —e incluso durante un tiempo desde la Fundación Nacional del Indio— consideran que se debe respetar la opción de estas comunidades de mantenerse aisladas.

"Creemos que esos grupos están en mayor riesgo por no tener la garantía de la debida protección", concluyó Vieira.

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