"El Consejo Seguridad tiene la responsabilidad de evitar la instrumentalización política e ideológica de este órgano", dijo Llorenti, quien agregó: "Es un despropósito que se pretenda tratar la situación interna de un miembro de la ONU".
Llorenti afirmó que Bolivia se opone "a que se manipule agenda de diplomacia preventiva; se empeora situación de crisis al traer a banquillo de acusado a un país del organismo".
Hablando sobre la crisis en Nicaragua, Llorenti declaró que la situación actual el país centroamericano es de relativa calma.
"Esta fue una instancia llamada a velar por amenazas a la paz, y Nicaragua no constituye amenaza alguna para la región ni para el mundo; la realidad en Nicaragua es de relativa calma", dijo Llorenti.
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Con esas expresiones Llorenti coincide con los dichos del martes de la vicepresidenta nicaraguense Rosario Murillo quien afirmó que el país "se restaura y se recupera, paso a paso, de toda la agresión sufrida, de todo lo que representó desunión, y todo lo que representó sangre, agresión, crímenes sin nombre", publica el medio de ese país El 19 digital.
Añadió que el verdadero interés de EEUU no son los derechos humanos, sino la intervención de los países para desestabilizar a gobiernos elegidos democráticamente.
"El interés no es defender los derechos humanos, porque en ese caso los Estados que dicen defenderlo, firmarían todos los convenios de nuestra organización; si la situación de Nicaragua fuera un tema de derechos humanos EEUU no habría abandonado el Consejo de derechos humanos de la ONU", afirmó Llorenti.
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El enviado de Bolivia en la ONU dijo que con el "intervencionismo, injerencia, financiamiento a grupos opositores el verdadero interés no es la defensa de la democracia; de ser así no se utilizaría un doble rasero al desestabilizar a gobiernos electos y financiar golpes de Estado".
Nicaragua vive desde el 18 de abril pasado una crisis originada por una serie de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que derivaron en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
El Gobierno reconoce que desde abril fallecieron algo menos de 200 personas y asegura que la violencia es promovida en gran medida por sectores opositores que buscan un "golpe blando" contra el presidente.
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Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos informó que aproximadamente 481 personas fallecieron como consecuencia de la crisis.
