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    La figura del arrepentido en Argentina: cómo los empresarios buscan escapar del "cuadernogate"

    CC BY 2.0 / Dave Nakayama / caged
    Política
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    Sputnik te explica por qué poderosos empresarios argentinos involucrados en el escándalo del "cuadernogate" se acogieron a la figura del "arrepentido". ¿Podría ser una puerta giratoria para los acusados?

    La catarata de empresarios arrepentidos continúa ganando caudal: Angelo Calcaterra,  primo del presidente Mauricio Macri, se presentó espontáneamente ante la Justicia para sumarse a la figura de "imputado colaborador"; lo mismo hizo su segundo, Javier Sánchez Caballero, así como los empresarios Juan Carlos De Goycoechea Raimundo Peduto, Alejandro Ivannisevich y Manuel Santos Uribelarrea.

    Los ocho cuadernos de Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, quien fue secretario de Coordinación y Gestión en el ministerio de Planificación durante los 12 años del kirchnerismo, en los que se describe una ruta de pago de sobornos a cambio de obra pública, desataron un "tsunami judicial", según el abogado argentino Ricardo Monner Sans, uno de los letrados que ha hecho más denuncias por casos de corrupción el país. Sputnik le preguntó por las diferentes estrategias judiciales de los detenidos e imputados para escapar de la responsabilidad penal.

    "La ley del arrepentido funciona sobre la idea de que es menester aportar aquella información que no tiene el tribunal, que signifique el señalamiento de otros responsables y que sea suficientemente apta para profundizar la investigación. Esta norma transforma al arrepentido de imputado a testigo. Se debe tener en cuenta que no se choquen los testimonios de los arrepentidos, de otro modo carece de sentido", dijo Monner Sans a Sputnik.

    La figura del arrepentido está regulada por la Ley 27.304 que fue sancionada por el Congreso el 19 de octubre de 2016. El acusado debe proveer a la justicia datos precisos, comprobables y verosímiles que ayuden a "esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos", "revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes", "proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación", "averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito", indicar "las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas".

    El beneficio es la reducción de la pena a la de tentativa, es decir, de un tercio a la mitad para graves como tráfico de drogas, prostitución y trata de personas, secuestro, asociación ilícita, contrabando, corrupción de menores, pornografía infantil, privación de la libertad, delitos contra el orden financiero y delitos relacionados con la corrupción.

    Sin embargo, a la lista de empresarios arrepentidos en el escándalo que tiene en vilo a los empresarios argentinos todavía no se ha sumado ninguno de los exfuncionarios como Baratta, el acusado de orquestar la asociación ilícita.

    Todo está en pañales

    Los empresarios imputados hasta ahora en la investigación que lleva adelante el fiscal Carlos Stornelli ante el juez Claudio Bonadío, acusados de ser parte de una asociación ilícita, pretenden encubrirse en la figura de "exacciones ilegales", prevista en el artículo 266 del Código Penal.

    Este impone una pena de hasta seis años para "el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva". Pero el que empresario que pagó se considera una víctima que no es castigada.

    Los empresarios aducen que se trató de contribuciones para la campaña electoral, pero en este caso los sobornos se pagaron durante años electorales y no electorales. Por el contrario, el delito de fraude a una administración pública la pena sería bastante mayor, explicó Monner Sans. "La gran división es entre los que sostienen que es un liviano aporte a la campaña electoral y los que sostenemos que es un duro robo al patrimonio estatal", agregó.

    Desde el punto de vista de los funcionarios, se trata de un delito de administración fraudulenta de bienes públicos, aunque esto no cabe para los privados, explica el abogado. Sin embargo, para Monner Sans, el ‘cuadernogate' recién comienza y es muy temprano saber cuáles serán los alcances de las confesiones y cómo serán tipificadas.

    "Estamos en pañales, todo lo que se pueda adelantar para tipificar conductas es muy poco serio porque cada uno de ellos está en condiciones de invocar una nueva figura procesal penal. La gran división hoy es entre los que sostienen que esto es un liviano aporte a la campaña electoral y los que sostenemos que es un duro robo al patrimonio estatal", agregó.

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    "Aún falta mucho. Cada uno de los que comparece podría señalar a otros responsables. Estamos ante un tsunami en materia jurídica nunca visto en mi país", señaló.

    Diferencias con la "delación premiada" brasileña

    En Brasil la figura de la "delación premiada" ha servido para la investigación del Lava Jato, y contempla la posibilidad de eximir o rebajar las penas para aquellos que colaboren con la Justicia, pero es necesario confrontar las afirmaciones de quien busca el beneficio con los datos reales, documentos, cuentas bancarias, para acceder al beneficio. Además, el acuerdo lo hace el fiscal, mientras que en Argentina, para Monner Sans, en Argentina esto funciona de manera "mucho menos severa y funcional", ya que el acuerdo tiene que ser homologado por el juez, lo cual le da más inseguridad al acusado, y por lo tanto, menos entusiasmo de colaborar. Según una auditoría del Consejo de la Magistratura publicada por La Nación, sobre 10.000 expedientes por corrupción abiertos entre 1996 y 2016, sólo hubo un 12% de procesamientos.

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    empresarios, sobornos, escándalo, corrupción, Argentina