Lo expresado por Whitaker constituye "una declaración en el marco de una campaña electoral", dijo Alape a la emisora local La FM, y precisó que hacer ese tipo de anuncios "es muy delicado cuando las competencias, en este caso, corresponden a la Justicia Especial de Paz (JEP)".
La noche del 24 de mayo, durante una entrevista con el telenoticiero CM&, Whitaker dijo que los delitos por los que EEUU pedirá en extradición a Santrich ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016, es decir, luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, por lo que el exguerrillero habría incumplido el mismo.
Al respecto, el embajador estadounidense cuestionó la intervención de la JEP, que decidió suspender temporalmente el proceso de extradición a Santrich hasta tanto las partes aporten más pruebas del caso.
También: Santos: ningún integrante de FARC protegido por el Estado fue asesinado
Ese hecho desató las reacciones del Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría, que sostienen que la JEP se ha "extralimitado" en sus funciones al decidir sobre la extradición del exguerrillero, ya que su competencia era determinar si los hechos con los cuales se le vincula ocurrieron antes o después de la firma de la paz.
"Estamos hablando de un delito con posterioridad, punto. La JEP debe enfocarse solo en esta parte, cualquier otra intervención no es consecuente con el acuerdo, no con lo que se ha establecido para la JEP", dijo el embajador, quien agregó que su país radicará la solicitud de extradición de Santrich antes del 7 de junio.
Desde ese día el exguerrillero comenzó una huelga de hambre que mantuvo hasta el pasado sábado, 19 de mayo, y por la cual fue internado en una clínica y después en una casa religiosa en la que ahora permanece bajo custodia.
Más: Justicia de Colombia niega que haya dado libertad condicional a exguerrillero de FARC
Santrich está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense, en hechos ocurridos desde junio de 2017 hasta el pasado mes de abril.
Santrich y el recién creado partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.
