"El Partido Popular en ningún caso conocía los hechos", afirmó la formación a través de un comunicado.
El Tribunal considera acreditado que durante esos años el Partido Popular colaboró con diversos empresarios para establecer "un eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública".
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A cambio de la adjudicación de contratos, los empresarios inflaban los precios que cobraban a las administraciones públicas y después repartían comisiones o hacían regalos a los políticos facilitadores.
En total, resultaron condenados por estas actividades 29 de los 37 acusados, entre los que destacan el Partido Popular como entidad o algunas figuras como Luis Bárcenas, extesorero de la formación, o Ana Mato, exministra de Sanidad.
El Partido Popular manifestó su "respeto a la sentencia", aunque dejó claro que "no comparte su contenido".
"En ningún momento, el Partido Popular ha estado imputado ni procesado. Estamos hablando de una responsabilidad civil", subrayó la formación a través de un comunicado.
El Partido Popular recordó que los hechos por los que resultó condenado se circunscriben a las elecciones municipales de 2003 en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos localidades madrileñas "de los más de 8.000 Ayuntamientos que hay en España".
A este respecto, el Partido Popular nacional afirma que "no puede conocer los gastos extracontables en los que incurra algún candidato a título individual".
Pese a que la organización subraya que los hechos juzgados se circunscriben a dos municipios madrileños, la sentencia destaca que la persona jurídica conocedora de los fondos recibidos fue el Partido Popular y no sus grupos municipales.
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En su comunicado, el Partido Popular destaca que "ninguno de los condenados en este proceso" sigue siendo parte de la formación.
Además, en su opinión, el hecho de no haya sido imputado ningún miembro de la dirección del partido "acredita una falta de responsabilidad en los hechos juzgados".
