En concreto, aquellas frutas y hortalizas que no están cubiertas por el Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Serbia —la antesala al acceso de Belgrado al club europeo—. Sería la respuesta a la decisión de Serbia de revisar la condiciones por la que se emiten los permisos de exportación de deshechos metalúrgicos como la chatarra. La Unión ve en el deseo de renegociar las condiciones como una violación del acuerdo y algunos miembros de la UE ya han manifestado su descontento ante las pretensiones de Belgrado, que aspira a una parte más grande del pastel.
Pero la cuestión de la chatarra serbia surgió por primera vez a principios de febrero, cuando Atenas se acercó a Belgrado con el ánimo de modificar la ley relativa a la exportación de residuos no tóxicos a otros países. "Viola las reglas del libre comercio", espetaron los griegos. Desde Belgrado se defienden diciendo que solo protegen sus intereses y su seguridad ambiental. A Atenas no le gusta que la empresa Inos Balkan, propiedad de la griega Anamet, y responsable de procesar la chatarra serbia en Grecia, vea cómo esa misma chatarra acaba por ser procesada en territorio serbio, donde han comenzado a surgir empresas capaces de hacer lo mismo.
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"Durante el tiempo que Serbia no era capaz de procesarla por sí misma, exportarla era algo normal (…) Pero ahora hemos aumentado las capacidades de nuestras compañías y debemos respetar las leyes sobre protección del medio ambiente", se defiende Branislav Blažić, ministro de Medio Ambiente.
Según datos del ministerio, se exportan entre 300.000 y 400.000 toneladas de chatarra al año, perdiendo unos 300 euros por tonelada. En otras palabras, el país le dio a las empresas de la Unión Europea unos 120 millones de dólares que, dicho sea de paso, es una cifra 10 veces superior a la necesaria para cubrir las medidas dirigidas a favorecer la natalidad en el país balcánico.
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