Los abogados de Sànchez habrían modificado su estrategia para agotar todas las vías legales en España antes, recurriendo primero al Tribunal Supremo, luego al Tribunal Constitucional y, si este desestima el recurso, al TEDH.
Horas después, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, decidió aplazar el pleno.
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Llarena acordó el 9 de marzo mantener "la medida cautelar de prisión provisional comunicada" a Sànchez y denegarle todos "los permisos extraordinarios para poder acudir al Parlamento de Cataluña.
En su auto, el juez recuerda que Sànchez participó "en un concierto de voluntades" para proclamar una república independiente "fuera de todo cauce legal".
El magistrado argumentó su decisión de no permitir la puesta en libertad de Sànchez afirmando que en su caso existe riesgo de reiteración delictiva, ya que los delitos investigados se desplegaron "desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales".
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La denegación del permiso para que Sànchez acuda al pleno vuelve a colocar a la política catalana en una situación de bloqueo, ya que, según el Tribunal Constitucional, la presencia física del candidato en la cámara es condición necesaria para que el proceso tenga validez.
