Según el juez Claudio Bonadio, Cristina Fernández impartió órdenes para dotar de impunidad a los terroristas que causaron 85 muertos y más de 150 heridos en el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina en julio de 1994.
"La causa es un disparate desde el punto de vista jurídico. Se trata de un delito inexistente. El acuerdo de entendimiento con Irán no se puso en práctica porque la República Islámica no lo ratificó a través del Congreso. Se trata de un acto inexistente y no puede haber encubrimiento de algo de esta naturaleza", dijo a Sputnik el letrado Eduardo Barcesat.
En 2013, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y con la aprobación del Congreso Nacional, Argentina firmó un Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán para permitir la declaración de los acusados en su propio país. Teherán no lo ratificó y el tratado nunca entró en vigor.
"Mientras tanto [la causa] sirve como pantalla frente a la opinión pública para desjerarquizar a la gestión anterior", opinó Barcesat, y agregó que cuando llegue al Tribunal de apelación el caso será anulado porque "este mismo juzgado ya había dispuesto que no ameritaba investigación".
La causa estuvo detenida durante dos años porque otro juez federal, Daniel Rafecas, no encontró evidencias de delito en la denuncia del anterior fiscal del caso, Alberto Nisman, quien apareció muerto en su casa el 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados donde iba a ser interrogado sobre los fundamentos de su denuncia. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara de Casación reactivó el caso.
"Esta Administración utiliza la causa para ocultar el descontento social creciente y la responsabilidad de este Gobierno en el estrago de la muerte de los 44 tripulantes del submarino San Juan", señaló Barcesat.
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La senadora Kirchner denunció que se trata de una persecución política. El 7 de noviembre se realizó una movilización en Plaza de Mayo para protestar contra la decisión judicial. "Estamos atravesando un momento muy grave en Argentina, el actual Gobierno ha avasallado la división de poderes, porque necesita de jueces que los obedezcan a ellos y sus intereses", concluyó el abogado.
