Juez argentino pide detención preventiva de la expresidenta Kirchner

BUENOS AIRES (Sputnik) — El juez argentino federal Claudio Bonadío procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió su desafuero como legisladora y su prisión preventiva por supuestamente encubrir a funcionarios iraníes en el atentado a la mutual AMIA de 1994 a través del memorándum con el país persa que impulsó durante su gestión.

"Bonadío procesa y pide el arresto preventivo de Fernández de Kirchner", adelantaron a Sputnik fuentes judiciales.

El pedido del magistrado para desaforar a la exjefa de Estado, que asumió como senadora el pasado 29 de noviembre, será trasladado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que tiene 180 días para tramitar el requerimiento judicial.

En su resolución, Bonadío alegó que la expresidenta podría entorpecer el transcurso de la causa dados los contactos que tiene.

El juez también observó que las causas que está en trámite y los procesamientos que arrastra Fernández de Kirchner son otros motivos que sostienen su procesamiento.

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En el contexto de este proceso, la exmandataria debió prestar declaración indagatoria el pasado 26 de octubre, acusada de encubrir a funcionarios iraníes acusados por la justicia argentina de estar detrás del atentado contra la AMIA (Asociación Mutualista Israelita Argentina), en el que fallecieron 86 personas.

El instrumento a través del cual trató de proteger a los funcionarios persas, según el juez Bonadio, fue un Memorándum de Entendimiento firmado en 2013 entre el Gobierno de Fernández de Kirchner y el iraní de Mahmud Ahmadinejad.

Ese documento firmado con el país persa por la anterior administración, que no llegó a entrar en vigor porque no fue ratificado por el Parlamento iraní, también fue después declarado inconstituconal por la justicia argentina.

El fiscal fallecido Alberto Nisman, quien entre 2005 y 2015 tuvo a su cargo la pesquisa del ataque, fue quien dio origen a esta causa a partir de una denuncia que presentó cuatro días antes de que apareciera sin vida en su vivienda de Buenos Aires, el 18 de enero de 2015.

En esa denuncia acusa a Fernández de Kirchner de "encubrimiento" y "traición a la patria".

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El juez federal Daniel Rafecas había rechazado en 2016 investigar la querella del fiscal, desestimación que fue confirmada hasta en dos instancias posteriores por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, la máxima autoridad del fuero penal.

A finales de diciembre del año pasado, después de que apelara una de las organizaciones judías más importantes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, el mismo alto tribunal decidió reactivar la denuncia.

Tras dos años alejada de la primera línea política, Fernández asumió como senadora la semana pasada en representación de la provincia de Buenos Aires, tras quedar segunda en las elecciones legislativas del pasado 3 de diciembre.

Procesamientos

Un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, confirmó el 2 de noviembre el procesamiento de la expresidenta en una causa que investiga si utilizó proyectos de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur) para beneficiar al empresario detenido Lázaro Báez.

La senadora también está procesada en una causa que indaga sobre las operaciones de venta de dólar a futuro durante su gestión, caso que ya fue elevado a juicio oral.

Otros dos procesamientos tienen en la mira a Fernández de Kirchner: en uno se investiga el pago de alquileres de los hoteles que pertenecen a la sociedad inmobiliaria familiar Los Sauces, y en una más se indaga sobre la concesión de obra pública durante su gestión en la provincia de Santa Cruz (sur).