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    Cataluña proclama la independencia y Madrid aplica el 155 (140)
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    MADRID (Sputnik) — El Tribunal Supremo ordenó la imposición de medidas de control policial a los seis miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña contra los que la Fiscalía General del Estado presentó una querella por rebelión y otros conexos.

    "Es un mecanismo que consiste en facilitar el domicilio y facilitar un teléfono móvil para que la policía pueda efectuar controles de permanencia", dijo en declaraciones a la prensa Javier Melero, abogado de Lluís Corominas, antiguo portavoz de la coalición independentista Junts Pel Sí.

    Según explicó el letrado, esta medida es "de las menos invasivas que se contemplan" ya que no supone "en absoluto" que los querellados vayan a estar vigilados físicamente de manera permanente.

    Entre las personas que quedarán bajo vigilancia policial se encuentra Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña.

    Los seis miembros de la Mesa del Parlamento autonómico acudieron a Madrid para declarar ante el Tribunal Supremo por delitos de rebelión y sus conexos al permitir con sus decisiones el desarrollo del proceso independentista que llevó a la proclamación de la república catalana el pasado 27 de octubre.

    Sin embargo, las declaraciones se aplazaron hasta el 9 de noviembre después de que la defensa de los parlamentarios solicitaran más tiempo para preparar su defensa.

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    La querella de la Fiscalía fue presentada el 30 de octubre y admitida a trámite el 31 de octubre, por lo que las citaciones llegaron esa misma noche, dejando un margen muy estrecho para analizar las más de cien páginas del escrito del Ministerio Público.

    El proceso contra los miembros de la Mesa del Parlamento se produce en el Tribunal Supremo porque la mayor parte de ellos aún goza de protección judicial como aforados al formar parte de la Diputación Permanente de la disuelta cámara autonómica.

    Mientras tanto, de forma paralela, en la Audiencia Nacional se desarrolla la instrucción de la causa contra los catorce miembros del Gobierno catalán en la última legislatura, acusados de los mismos delitos.

    El 2 de noviembre, nueve de los miembros del Gobierno, entre los que se encuentra el vicepresidente Oriol Junqueras, acudieron a declarar a la Audiencia Nacional.

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    En cambio, las cinco personas restantes, entre las que se encuentra el cesado presidente Carles Puigdemont, no acudieron a la llamada del juzgado.

    En un comunicado emitido el 2 de noviembre, los líderes independentistas —que se siguen considerando el legítimo Gobierno de Cataluña pese a su cese— justificaron la comparecencia de sólo algunos de los reclamados por la Audiencia Nacional como una "denuncia de la falta de garantías del sistema judicial español".

    En la querella presentada por la Fiscalía, el Ministerio Público recomendó la inmediata detención de los querellados en caso de que se nieguen a comparecer.

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    Por tanto, cabe la posibilidad de que en las próximas horas la jueza instructora de la causa emita una orden de detención internacional contra Carles Puigdemont, que se encuentra en Bruselas.

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    Etiquetas:
    querella, control, vigilancia, policía, Cataluña, España
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