"Estamos dispuestos a esperar una reacción posterior del Gobierno español para ver que pasará después", dijo el abogado a la cadena NOS.
Puigdemont afirmó el 31 de octubre en una rueda de prensa en Bruselas que había llegado a Bélgica para poder "actuar con libertad y seguridad", unas condiciones que a su modo de ver no están garantizadas en territorio catalán por la acción del Estado español.
El líder catalán subrayó que la decisión de desplazar una parte del Gobierno a Bélgica evita forzar escenarios de violencia.
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El 31 de octubre la Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella por delitos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y otros 13 miembros de su Gabinete, que fueron citados a declarar en Madrid entre el 2 de octubre y 3 de noviembre.
En la querella presentada el 30 de octubre por el Fiscal General del Estado, se interesaba el pago de esa cantidad por parte de los investigados como forma de reponer los gastos vinculados a la celebración del referéndum del 1 de octubre, declarado nulo por el Tribunal Constitucional.
En el auto emitido este 31 de octubre, la jueza Lamela, encargada del caso, explica que el procedimiento está en fase inicial, por lo que la admisión a trámite no constituye todavía un acto de imputación judicial.
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El Código Penal español contempla penas de hasta 30 años de prisión para aquellas personas que sean declaradas culpables de delitos de rebelión.