"No estamos sustituyendo competencias, y sí garantizando que ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria", explicó el ministro, en referencia al referéndum.
Junqueras asegura que los informes se entregarán solo mensualmente, por lo que "no remitirá ninguna información más hasta pasado el referendo del 1 de octubre".
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Hacienda exigía desde julio a Cataluña informes semanales para comprobar que no se destinaba dinero público para la organización del referéndum previsto para el 1 de octubre.
"Se trataba de un control político que nada tenía que ver con el objetivo de estabilidad presupuestaria", señaló Junqueras.
Este pacto no estará vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.
Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo se hará efectiva la intervención en las cuentas y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.
"El objetivo es garantizar los servicios públicos en Cataluña porque no se podía confiar en unas autoridades que no acatan la legalidad", señala.