"Lo que hicieron ayer en el Congreso fue para blindar al presidente (Jimmy Morales) y a los diputados corruptos; con la modificación a los delitos que pueden conmutarse, más de 400, se beneficia a delincuentes de trata de personas, violación, extorsión, etc… Estamos ante una situación muy grave que nos puede llevar a violencia incluso", señaló Muralles.
Además, se reduce la pena por financiación ilegal de un máximo de 12 años a 10, abriendo la posibilidad de que la pena sea conmutada por una multa.
El 11 de septiembre, el Congreso había rechazado el pedido de levantar la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que pueda ser investigado por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2015, tal y como pedían el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig).
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Esa estructura de corrupción, que obtenía ganancias ilícitas en los controles de aduanas, no solo provocó la renuncia y posterior detención de Pérez Molina, sino también la de su vicepresidenta Roxana Baldetti.
Indignación en las calles
Tal y como ocurrió en 2015, la ciudadanía ha reaccionado con indignación a la reforma sorpresiva del Código Penal y ya se han convocado manifestaciones en el país, al tiempo que no cesan los mensajes en las redes sociales que rechazan la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
"Ciudadanos y el procurador de los derechos humanos (Jordán Rodas Andrade) ya están accionando ante la Corte de Constitucionalidad, y hay incluso llamados incluso a un paro nacional; es muy grave la situación", dijo Muralles a esta agencia.
Rosas Andrade informó en su cuenta de Twitter que "ante la ilegalidad del Congreso de la República", interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
