En un veredicto de casi cien páginas que se dio a conocer el 31 de agosto, el juez federal Edwin Torres resolvió que "existen motivos razonables para suponer que (Martinelli) es culpable de todos o algunos de los delitos que se le imputan" y que la solicitud de extradición es acorde al tratado biltateral de 1904 y varios convenios multilaterales, según el diario La Prensa.
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, llamó al Departamento de Estado de EEUU a confirmar la extradición, y a la Corte Suprema de Justicia de Panamá a asegurarse de que todos los cargos contra Martinelli sean escuchados.
"Sólo entonces el pueblo de Panamá verá que se está haciendo justicia y no hay impunidad, ni siquiera para los ricos y los poderosos", dijo Ugaz.
Martinelli fue detenido en Miami el pasado 12 de junio por una orden internacional de extradición a Panamá, donde es solicitado por la Justicia para que responda por cuatro delitos relacionados con una red ilegal de escuchas telefónicas y por malversación de fondos públicos.
El 11 de diciembre de 2015 Martinelli fue declarado "en rebeldía" por el juez Jerónimo Mejía por no haberse presentado a la audiencia de imputación en el caso de la supuesta interceptación de comunicaciones de opositores, periodistas y activistas, ordenada por el Consejo de Seguridad Nacional durante su gobierno.
El 21 de diciembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención provisional del expresidente.
Interpol emitió en mayo pasado la notificación o alerta roja contra Martinelli, por ser un prófugo buscado para un proceso penal, según indica el documento de esa organización.
Martinelli, que es diputado del Parlamento Centroamericano, es acusado de haber violado el secreto y el derecho a la intimidad, delitos que podrían costarle una pena de prisión de hasta 21 años, según la prensa panameña.
