"Se trata de expedientes judiciales abiertos a partir de las demandas de 1.513 habitantes de la autoproclamada República Popular de Donetsk, víctimas de las acciones delictivas de las autoridades ucranianas", dijo Shíshkina quien es miembro de la comisión pública encargada de registrar los delitos de guerra cometidos en Donbás.
Ucrania mantiene desde abril de 2014 una operación militar en varias áreas de las regiones de Donetsk y Lugansk donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.
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Según datos de la ONU, las hostilidades han provocado unos 10.100 muertos desde el inicio de la crisis.