"Esta decisión la tomo con la finalidad de que se detenga la persecución política y la cacería de brujas que existe en mi contra y en contra de mis colaboradores en el estado de Veracruz", dijo el exdirigente del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), en una carta enviada el 17 de agosto al último informativo nocturno del canal local Imagen TV.
El exgobernador denunció en su carta manuscrita de dos páginas "injusticias y abusos que se están cometiendo por las autoridades del estado de Veracruz".
El político huyó al terminar su mandato, tras ser expulsado del PRI en octubre de 2016, hacia un pueblo turístico del lago Atitlán de Guatemala, donde fue apresado en mayo pasado, y después extraditado a México en julio.
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La protesta tiene además el objetivo de expresar "solidaridad con mis excolaboradores (cuatro exfuncionarios) que se encuentran detenidos arbitrariamente" en Veracruz, dice la misiva fechada el 17 de agosto.
En el inicio de su mandato, Duarte fue presentado por el presidente Enrique Peña Nieto como un "ejemplo del nuevo PRI", junto con el joven Roberto Borge, exgobernador del estado de Quintana Roo en el Caribe mexicano, quien se encuentra preso desde junio en Panamá, a la espera de otro proceso de extradición por peculado.
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El gobernador Yunes, quien derrotó por primera vez en 88 años al PRI en ese histórico feudo oficialista, al frente de una coalición opositora, denunció que el daño al patrimonio de ese estado petrolero asciende a unos 2.000 millones de dólares (casi 50.000 millones de pesos), y presentó medio centenar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación.
MCCI también descubrió en abril de este año documentos de la fiscalía de Brasil, relacionados con sobornos de la constructora Odebrecht para adjudicarse dos grandes proyectos de infraestructura en Veracruz, firmados durante el gobierno de Duarte.
Familiares de desaparecidos y organizaciones de periodistas, que denuncian asesinatos de sus colegas, han presentado una demanda "por crímenes de lesa humanidad" contra Duarte ante la Corte Penal de La Haya, que en junio pasado aceptó examinarla, aún sin un veredicto.
