La mayoría independentista del Parlamento catalán registró el pasado 31 de julio la proposición de ley del referéndum, por lo que, de haberse seguido el procedimiento habitual, la tramitación de la misma se habría abordado el 16 de agosto en la primera reunión de la Mesa desde entonces.
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Sin embargo, la Mesa del Parlamento catalán no incluyó ningún punto relacionado con dicha ley en su orden del día y sus miembros no debatieron el tema.
"Estamos valorando cómo hacer esta tramitación dada la complejidad de la ley", dijo en declaraciones a la prensa la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.
De haberse seguido el procedimiento habitual, la tramitación de la misma se habría abordado el 16 de agosto en la primera reunión de la Mesa desde su registro.
Sin embargo, según explicó Forcadell, la Mesa no tenía obligación de abordar el tema en su reunión del 16 de agosto, por lo que se están estudiando las posibilidades de iniciar la tramitación en otras fechas.
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La presidenta de la cámara afirmó que la decisión de posponer esta tramitación busca proteger a los miembros de la Mesa ante posibles acciones judiciales en su contra.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, convocó para el 16 de agosto una reunión extraordinaria del Consejo de Ministro para, entre otras cosas, decidir cuáles serían las acciones a tomar desde el Ejecutivo si finalmente se iniciaba la tramitación de esta ley.
"Si hay cualquier resolución o cualquier propuesta que vulnere la legalidad vamos a contestar con toda la firmeza pero con toda la proporcionalidad, sin ningún tipo de sobre actuación y sin ningún tipo de complejo", afirmó el 16 de agosto en rueda de prensa Pablo Casado, vicesecretario de comunicación del conservador Partido Popular, la formación que preside Mariano Rajoy.
Además, el 16 de agosto se reunirá el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir sobre un recurso del Ejecutivo catalán contra la suspensión de la reforma del Parlamento autonómico, que cambió su reglamento para poder aprobar las leyes de desconexión con España mediante un mecanismo de urgencia.
Sobre este punto, Forcadell afirmó que este tipo de procedimientos es común en otras cámaras legislativas autonómicas e incluso en el Parlamento nacional, por lo que instó al Tribunal Constitucional a actuar contra esos órganos.
De no hacerlo, afirmó, sería la constatación de que "en España se juzga a las personas por las intenciones y no por los hechos".
