"Considerando el pasado interrogatorio de Luiz Inácio Lula da Silva en la acción de penal que acabó involucrando gastos necesarios pero indeseables con medidas de seguridad, diga a la Defensa respectiva, en cinco días, si tiene objeciones a la realización de un nuevo interrogatorio del acusado en cuestión por videoconferencia con la Justicia Federal de Sao Paulo", escribió el juez Moro en su decisión, divulgada el 20 de julio.
El magistrado se refería al interrogatorio presencial realizado a Lula en mayo de este año en Curitiba (ciudad del sur del país donde se centraliza gran parte de las investigaciones de la Operación Lava Jato).
Este caso investiga sospechas relacionadas con un terreno y un apartamento en la localidad de Sao Bernardo do Campo (Sao Paulo).
El expresidente está acusado de recibir ambos bienes de manos de la constructora Odebrecht como agradecimiento por los contratos adquiridos por esta empresa con la petrolera estatal Petrobras.
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Según los fiscales, el valor del soborno ronda los 13 millones de reales (4,1 millones de dólares) y Lula está acusado de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
Según los investigadores del Lava Jato y la sentencia de Moro, Lula recibió un apartamento de lujo como forma de soborno por parte de la constructora OAS a cambio de los favores prestados en la trama corrupta de Petrobras.
Los abogados de Lula ya recurrieron la sentencia dictada por Moro, pero si finalmente es condenado en segunda instancia no podrá presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018.
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El PT y movimientos sociales afines convocaron para el 20 de julio manifestaciones en las principales capitales del país para mostrar apoyo a Lula frente a la sentencia.
