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    MADRID (Sputnik) — El Gobierno catalán se encuentra analizando los distintos escenarios posibles ejecutar la compra de urnas de cara al referéndum del 1 de octubre, informó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Jordi Turrull, que evitó dar detalles sobre los pasos a seguir en ese aspecto para "no poner las cosas fáciles" al Gobierno central.

    "Visto como las gastan, la gestión de los tempos la hacemos nosotros", afirmó Turrull en rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán.

    El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) solicitó este 18 de julio al Ejecutivo regional el expediente sobre el concurso público para la compra de urnas que las autoridades catalanas pusieron en marcha a principios de mayo.

    Este concurso fue declarado desierto porque las empresas inscritas no acreditaron los requisitos técnicos necesarios.

    A pesar de que el concurso quedó desierto, la licitación provocó la admisión de una querella contra Meritxell Borrás, consejera de Gobernación en el momento de su publicación.

    Según explicó el TSJC, la admisión a trámite de la querella contra Borrás se debe a que su papel en la licitación de urnas puede ser constitutivo de un delito de desobediencia, un delito continuado de prevaricación y otro de malversación.

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    En opinión de Turull, el Gobierno central y las autoridades judiciales españolas llevan a cabo un "asedio por tierra, mar y aire" contra el proceso independentista catalán.

    Por ello, el portavoz declinó la oportunidad de ofrecer información sobre la compra de urnas y se limitó a adelantar que el Gobierno catalán está "analizando los distintos itinerarios" para disponer de ellas.

    "Cuando se hayan completado los presentaremos", dijo Turull, que únicamente adelantó la intención del Ejecutivo catalán de realizar la compra de urnas "en el marco de la legislación vigente".

    La prudencia del Gobierno catalán respecto a la compra de los recipientes para la votación se debe, según afirmó Turull, a una intención de "no poner las cosas fáciles" al Gobierno español.

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    A su modo de ver, el Ejecutivo de Mariano Rajoy es un rival capaz de usar "armas no convencionales" tanto a nivel político como judicial y policial con tal de conseguir que el referéndum no salga a delante.

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