El grupo había sido apresado en territorio chileno en marzo de este año, mientras intentaba detener un camión con contrabando, según la versión oficial de Bolivia. Para Chile, sin embargo, se trató de un robo con portación ilegal de armas.
Los detenidos fueron sentenciados a tres años de prisión. La medida fue finalmente sustituida por la expulsión y la imposibilidad de ingresar a Chile, por 10 años para los funcionarios y por 20 para los soldados.
"La sentencia contra los nueve ciudadanos bolivianos es parte de una estrategia global concebida por el Estado chileno. Buscan una reacción desproporcionada del Gobierno boliviano para dañar la campaña sobre la demanda marítima dentro y fuera de Bolivia", dijo a Sputnik Hugo Moldiz, analista internacional y exministro de Gobierno boliviano. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó el fallo como "una página negra" en la historia de la justicia chilena. Además declaró a los afectados "mártires por la reivindicación marítima".
Los 9 hermanos condenados por la justicia chilena los convierten en mártires por la reivindicación marítima.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 22, 2017
Página negra en la historia de la justicia chilena. Condenan a 9 bolivianos inocentes y benefician a contrabandistas reincidentes.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 22, 2017
Agregó que el cruce de frontera de ciudadanos de ambos países "es un hecho cotidiano. Hay familias que viven en ambos lados". Además sumó sospechas a lo ocurrido por las fechas en que se desarrollaron los hechos.
Según Moldiz, estos funcionarios fueron detenidos el 19 de marzo, justo un día antes de que Bolivia presentara su réplica ante Corte Internacional de La Haya que estudia el litigio con Chile por una salida soberana al mar. "El 23 de marzo, fecha en que los bolivianos recuerdan la ocupación militar chilena de 1879 se toma la medida cautelar de detención preventiva. Demasiadas coincidencias. No creo en las coincidencias. Pienso que fue una medida activa de la inteligencia chilena para provocar una reacción más allá de lo esperado por parte del Gobierno boliviano", destacó.
Dos días después del episodio, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, aseguró que se trató de un robo y que los ahora expulsados "tenían intención de robar varios camiones más". Tras conocerse el fallo judicial, el ministro de Defensa boliviano, Reymi Ferreira, aseguró que se trató de una sentencia política ya que "el Órgano Judicial de Chile no podía desmentir a su Jefe de Estado".
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"Esto se hubiera resuelto con una medida administrativa o una diplomática sin necesidad de llegar a esta situación. bolivia debe actuar con precaución para que no se desvíe el centro de atención que es la disputa marítima", concluyó.
