"Hay una idea de que todo lo que sucede en una agencia de inteligencia está sujeto al secreto porque se supone que guarda relación con información que hace a la seguridad del Estado, y esto tiene que ser discutido, porque hay cierta información que tiene que ser secreta, pero no toda", aseguró.
El CELS integra la Red Internacional de Organizaciones por las Libertades Civiles (Inclo, por sus siglas en inglés) junto a otros 11 países, que de manera conjunta pidieron a sus respectivos gobiernos que hagan pública qué tipo de información de inteligencia comparten con otros Estados.
El pedido se hizo para determinar "qué reglas, qué información, qué claridad y qué transparencia hay sobre la posibilidad de entregar a terceros países información de inteligencia", explicó Litvachky.
El planteo, continuó la abogada, nació producto de la "poca transparencia" y la forma en que los Estados comparten esa información "de forma ilegal, por fuera de sus propias legislaciones".
Además de Argentina los países que integran la Inclo son: Canadá, Egipto, Estados Unidos, Hungría, India, Irlanda, Israel, Kenia, Reino Unido, Rusia y Sudáfrica.
Administración de fondos
Cada organización solicitó en su país información sobre temas de particular interés a nivel local además del pedido común para conocer los intercambios de información que las agencias de inteligencia hacen con servicios de otras naciones.
En el caso del CELS, la organización pidió a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) información sobre cómo administra su presupuesto.
"Nosotros desde el caso (del atentado a la) AMIA venimos discutiendo con el Estado argentino que es fundamental que modifique su régimen de administración de fondos de inteligencia y estos dejen de ser reservados", sostuvo la abogada.
En determinado momento la investigación sobre el ataque se suspendió tras conocerse que desde la agencia de inteligencia estatal, entonces denominada SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) se destinaron fondos para pagar a uno de los acusados con el objetivo de que desviara la investigación, recordó Litvachky.
Esto derivó en que en 2005 y a instancias de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno argentino, entonces presidido por Néstor Kirchner (2003-2007), se comprometiera por decreto a transparentar la utilización de fondos reservados por parte de los servicios de inteligencia.
Sin embargo "eso nunca se cumplió hasta la reforma de la ley de inteligencia", del año 2015, durante el segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
"Ahí se modificaron dos artículos importantes, donde se plantea que el presupuesto de las agencias de inteligencia pasa a ser público, excepto que se justifique que es reservado para algunas cuestiones particulares", explicó la integrante del CELS.
No obstante, el actual presidente Mauricio Macri, quien asumió en diciembre de 2015, "derogó ese decreto y nunca más mostró cómo se iban a regular los fondos reservados", añadió.
La postura del titular de la AFI, Gustavo Arribas, a quien hace unos meses el CELS le solicitó información sobre este mismo tema, prosigue Litvachky, es que "todos los fondos" tienen que ser secretos, "como casi toda la información vinculada al tema de inteligencia".
"Se cambió el criterio: es todo reservado a menos que ellos decidan que algo es público", señaló.
Falta de seguimiento
Si bien en el Congreso hay una comisión Bicameral Permanente de Fiscalizacion de los Organismos y Actividades de Inteligencia, a juicio de Litvachky esta "nunca funcionó bien", ya que "tiene la obligación de controlar el uso de los fondos reservados pero no lo hace".
"Hay un acuerdo del sistema político de que el Congreso no se mete demasiado en investigar en qué se usa la plata", explicó.
La exigencia del CELS para con la AFI, que depende del Poder Ejecutivo, es que si no hay una regulación que establezca la fiscalización de los fondos reservados de los servicios de inteligencia, luego no se puede hacer un seguimiento de su utilización.
"Nuestro punto de discusión con el Poder Ejecutivo es que por más que sean fondos reservados, (este) está obligado a registrarlos de manera que puedan ser controlables tanto por un juez, por el Congreso, como por la sociedad civil, ante eventuales denuncias de irregularidades", dijo la abogada.
En su pedido de información el CELS incluyó también que la AFI especificara cómo es el proceso de desclasificación de información.
Hoy, para la AFI, "incluso el nombre del que sirve el café es información reservada, confidencial", ejemplificó Litvachky, al recordar la apertura de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), que hace público un gran volumen de información sin que se considere que eso afecta la seguridad nacional de ese país.
"En Argentina la postura es que nada podría ser público porque eso nos pondría en desventaja con otras agencias de inteligencia extranjeras, y es una postura ridícula", aseguró la integrante de CELS.
Según la legislación argentina la AFI tiene 15 días para responder a la solicitud de información hecha por el CELS.
