En uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) aseguran que hay "numerosas irregularidades en la financiación de las campañas que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político, habiéndose sustentado mediante actuaciones con relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental…)".
Al parecer, el PP en Madrid también habría ayudado a la formación a nivel estatal en la campaña de las elecciones generales de 2008 con fondos de procedencia irregular, según los investigadores del caso de corrupción Púnica.
El dinero procedía de empresarios que realizaban numerosas donaciones a la Fundación Fundescam a cambio de recibir adjudicaciones de organismos públicos controlados por el PP.
El informe destaca el papel del expresidente Ignacio González, director del comité de campaña en 2007 y de Francisco Granados, que lo fue en 2008 y 2001, ambos actualmente en prisión.
Según la Guardia Civil, solo en 2007, el PP incurrió en gastos electorales muy superiores a los declarados, cerca de 2,5 millones de euros de exceso, por lo que pudo conseguir su victoria electoral con trampas.