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    Edificio de la PACE en Estrasburgo (archivo)

    La PACE se rebela contra Turquía con un nuevo monitoreo

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    Política
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    MOSCÚ (Sputnik) — Los países de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) volvieron a denunciar las violaciones de los derechos humanos en Turquía y decidieron retomar el monitoreo en el país, cerrado en 2004.

    "La Asamblea desea reforzar e intensificar el monitoreo de acontecimientos en Turquía y su diálogo con todas las fuerzas en el país para garantizar que sean abordadas las graves preocupaciones que ha expresado sobre los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley", declararon los países de la PACE en la resolución correspondiente adoptada este martes.

    En el texto la PACE expresó su preocupación por las duras medidas que toma Ankara tras el fallido golpe de Estado de julio pasado y por las enmiendas a la Carta Magna después de la luz verde del referendo constitucional.

    Detenciones y purgas

    Los países de la Asamblea instaron a Ankara a levantar "cuanto antes" el estado de emergencia en Turquía, declarado tras la intentona golpista militar del 15 de julio pasado y que da amplios poderes a las autoridades turcas.

    Entre las potestades adoptadas por el Gobierno turco y que se extienden hasta el 19 de julio se encuentra la posibilidad de destituir a funcionarios, confiscar bienes y la detención de sospechosos de estar implicados en el frustrado golpe.

    En régimen de emergencia las autoridades turcas detuvieron en menos de un año a más de 113.000 personas (10.732 policías, 7.643 militares, 168 generales, 2.575 jueces y fiscales, 26.177 civiles y 208 funcionarios públicos) por ser sospechosas de tener vínculos con Fethullah Gülen, acusado por Ankara de orquestar la asonada, según informó el Ministerio del Interior turco a inicios de abril.

    "La Asamblea expresa su profunda preocupación por la amplitud de las purgas llevadas a cabo en la administración pública y el sistema judicial y muchas otras instituciones públicas", así como por "las consecuencias sociales de las medidas aplicadas en el marco del estado de emergencia", indica la resolución de la PACE.

    La organización llamó a las autoridades turcas a "poner en libertad a los parlamentarios arrestados, a menos que sean condenados tras un debido proceso y un juicio imparcial".

    A la vez la relatora de la PACE sobre Turquía, Ingebjorg Godskesen, apuntó que los hechos ocurridos en ese país después de la asonada de julio pasado están al margen de los criterios del Consejo de Europa.

    "El hecho de que más de 150 periodistas permanezcan en reclusión constituye una clara violación de la libertad de expresión y de prensa, ya no se trata de los estándares europeos", subrayó al mostrarse preocupada también por la situación de los funcionarios y activistas de organizaciones no gubernamentales.

    Godskesen lanzó además críticas contra el referendo del pasado 16 de abril, en el que más del 51 por ciento de los turcos apoyaron enmiendas constitucionales que buscan convertir al país en una república presidencialista.

    "Hemos criticado la celebración del referendo en pleno estado de excepción, que limita los derechos y las libertades básicas", dijo al calificar de "desequilibrada" la campaña del plebiscito.

    Los cambios que supone la reforma constitucional prevén otorgar más poderes ejecutivos al presidente de la nación, Recep Tayyip Erdogan, quien podrá promulgar decretos con fuerza de ley, declarar el estado de excepción, designar vicepresidentes, ministros y otros altos cargos del Gobierno y no estará obligado a suspender la filiación política.

    Las enmiendas son piezas clave de una reforma que marcaría la transición de Turquía al modelo de república presidencialista tras las elecciones de 2019, lo que supone el cambio político más importante desde los tiempos del fundador del moderno Estado turco, Mustafa Kemal Atatürk.

    Erdogan, elegido presidente por sufragio directo en agosto de 2014 tras haberse desempeñado durante largo tiempo como primer ministro de Turquía, podría ocupar la jefatura del Estado hasta 2029, durante dos mandatos consecutivos de cinco años si gana las elecciones presidenciales de 2019 que, conforme a las enmiendas, se celebrarán simultáneamente con las parlamentarias.

    Ankara arremete contra la PACE

    Al enterarse de la decisión de la PACE, Ankara se mostró indignada por la intervención política de los países europeos en sus asuntos internos.

    La resolución de la organización, vergonzosa a juicio de la Cancillería turca, fue adoptada bajo presiones de "círculos antislámicos y antiturcos".

    "Condenamos tajantemente esta decisión injusta de la PACE aprobada por motivos políticos y en violación de los procedimientos establecidos", dice el comunicado del organismo.

    La nota reprochó a los países de la Asamblea haber olvidado "la contribución de Turquía a la seguridad y la estabilidad de Europa", en particular la acogida de más de 3,2 millones de refugiados y la lucha contra el terrorismo internacional.

    Para Ankara, todas las medidas que condena la PACE "son necesarias y adecuadas" frente a las amenazas a la orden constitucional y la seguridad nacional de Turquía.

    "Esta decisión no deja a Turquía otra opción que revisar sus relaciones con la PACE", advirtió el Ministerio de Exteriores turco.

    Mientras el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, declaró que el informe elaborado por la PACE sobre Turquía es "una operación política".

    "Somos miembros del Consejo de Europa e intensificamos nuestra cooperación con instituciones de Europa desde el 15 de julio, no esperamos que este informe sea justo", dijo.

    Turquía estuvo bajo monitoreo de 1996 a 2004, cuando se consideró que Ankara cumplía con los criterios de Copenhague, similares a los de pertenencia a la PACE, necesarios para abrir el proceso de integración en la UE, iniciado oficialmente en 2005.

    Lea más: Erdogán llama a respetar los derechos humanos en Europa

    Tras la resolución de este martes, Turquía se convirtió en el primer país contra el que fue reabierto el proceso de monitoreo.

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