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    "El Gobierno español se escuda en la sentencia del TJUE para liberalizar la estiba"

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    Política
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    MADRID (Sputnik) — Los requerimientos del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para la reforma de la estiba en España son utilizados por el Gobierno de Mariano Rajoy como escudo para "ir más allá" y "liberalizar el sector" con una "clara intencionalidad política", opinó en declaraciones a Sputnik la eurodiputada Paloma López, de Izquierda Unida.

    "El Gobierno tiene una voluntad política de ir a la liberalización total del sector y para ello se escuda en una sentencia que lo único que pide es modificar algunas disposiciones de la legislación española", explicó López.

    En una sentencia emitida en diciembre de 2014, el TJUE se pronunció contra la obligación que actualmente tienen las empresas portuarias de participar en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y contratar a trabajadores inscritos en la misma.

    El Congreso de los Diputados rechazó el pasado 17 de marzo la convalidación del real decreto ley propuesto unilateralmente por el Ejecutivo para reformar el régimen de los trabajadores portuarios.

    En opinión de Gobierno, su propuesta se limitaba a dar cumplimiento a la sentencia, pero los sindicatos la rechazaron argumentando que sus postulados abrían la puerta a la liberalización del sector poniendo en riesgo la estabilidad de más de 6.000 empleos.

    ​"Lo que hace el Gobierno es reinterpretar esa sentencia, y en base a su lectura, ir mucho más allá para tratar de liberalizar el sector de forma radical", afirma Paloma López.

    En opinión de esta eurodiputada, el Gobierno español tiene una "clara intencionalidad política" que le hace desinteresarse de un proceso de negociación real con patronal y sindicatos.

    "Una vez que se produjo la sentencia, los sindicatos y la patronal se reunieron y elaboraron un texto que cumplía perfectamente con las exigencias de la normativa europea", expone López.

    Sin embargo, el Gobierno "no quiso saber nada de este acuerdo" y "decidió saltárselo por completo" en una decisión que sirvió para "romper el diálogo con todos los agentes implicados".

    "No puede ser que el Gobierno no participe en la negociación y después diga que no está de acuerdo con el resultado de la misma", resume la eurodiputada.

    En este sentido, Paloma López acusa al Ejecutivo de moverse por "intereses espurios" contrarios a los de los trabajadores e incluso a los de "buena parte de las empresas que operan en los puertos".

    En cuanto al escenario que se abre tras el rechazo del Congreso a la propuesta del Gobierno, López señala que la vía para solucionar el conflicto pasa por una negociación real en la que no se intenten poner "líneas rojas" que a su modo de ver nada tienen que ver con los requerimientos del TJUE.

    "Esta semana han vuelto a poner sobre la mesa determinadas líneas rojas, como que no se pueden hacer subrogaciones, que no se corresponden con la realidad", señala la eurodiputada.

    López considera que "el Gobierno sabe que las líneas rojas que vienen desde la Unión Europea no son en absoluto las que marcan ellos".

    Finalmente, Paloma López señala que el Gobierno debería funcionar como un catalizador de las negociaciones entre sindicatos y patronal avalando sus acuerdos sin anticipar las reacciones desde la Unión Europea, que en caso de encontrar problemas "ya se pronunciará a su debido tiempo".

    "El Gobierno español pretende precarizar a los estibadores y crear puertos 'low cost'"

    La actuación del Gobierno español durante el conflicto laboral desatado en el proceso de reforma de la estiba demuestra que su intención es "precarizar las condiciones laborales" de los trabajadores y crear puertos "low cost" para "beneficiar a las multinacionales", afirmó la eurodiputada.

    "Quieren trabajadores precarios que cobren poco y convertir los puertos españoles, que son unos de los más competitivos de Europa, en puertos low cost, lo que puede generar una serie de problemas importantes", manifestó la eurodiputada.

    En una sentencia emitida en diciembre de 2014, el TJUE se pronunció contra la obligación que actualmente tienen las empresas portuarias de participar en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y contratar a trabajadores inscritos en la misma.

    El proceso para adaptar la legislación española a la normativa europea derivó en un conflicto laboral que enfrenta a los sindicatos de los trabajadores portuarios con la patronal y, sobre todo, con el Gobierno.

    "El Gobierno rechaza de forma sistemática todas las propuestas de los trabajadores para garantizar el empleo en unas condiciones laborales dignas", explica Paloma López.

    A su modo de ver, el Ejecutivo conservador de Mariano Rajoy no tiene "ninguna intención de respetar el diálogo social" porque su objetivo es aprovechar la reformas requeridas para "liberalizar el sector" y "beneficiar a las grandes compañías multinacionales del sector".

    Según explica Paloma López, las propuestas del Gobierno para la reforma del régimen de trabajadores de la estiba, rechazadas la semana pasada por el Congreso de los Diputados, abrían la puerta a la participación de empresas de trabajo temporal.

    Ese tipo de medidas, prosigue la eurodiputada, suponen un retroceso no solo en lo relativo a los salarios y a la estabilidad en el empleo, sino que también afectan a la seguridad de los trabajadores en un sector con un alto índice de accidentes donde la capacitación y formación de los empleados son esenciales.

    "Pretenden permitir la entrada a empresas de trabajo temporal con condiciones precarias tanto en materia salarial como de seguridad", reitera.

    Esta eurodiputada considera que la actuación del Gobierno, y en concreto del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se sitúa "más allá" de los requerimientos del TJUE mediante un "juego perverso" en el que se intentan disfrazar sus intenciones políticas de obligaciones comunitarias.

    "El ministro dice que toda la responsabilidad es de la Unión Europea y que él no puede hacer otra cosa, pero eso no es cierto", señala López.

    Por tanto, la eurodiputada de IU solicita al Ejecutivo que no imponga sus propias líneas rojas y se limite al cumplimiento de las directivas y transposiciones de la normativa europea, dejando el proceso de negociación en manos de patronal y sindicatos sin condicionar el diálogo.

    El Gobierno es el único responsable del riesgo de multa a España por no reformar la estiba

    La posibilidad de una multa diaria de 134.107 euros diarios que afronta España si no ajusta la legislación de la estiba a los requerimientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es responsabilidad única del Gobierno por poner impedimentos a un acuerdo que permita acometer las reformas, comentó Paloma López.

    "Si se llega a producir esa multa, será por la irresponsabilidad exclusiva del Gobierno, que no cumple con la modificación que exige el Tribunal de Justicia Europeo", manifestó la eurodiputada.

    En una sentencia emitida en diciembre de 2014, el TJUE se pronunció contra la obligación que actualmente tienen las empresas portuarias de participar en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y contratar a trabajadores inscritos en la misma.

    Actualmente, España acumula una multa de 22,8 millones de euros derivados de una sanción de 27.522 euros por cada día sin acometer las reformas desde el día de la sentencia.

    Además, España afronta la posibilidad de otra sanción de 134.107 euros diarios si el TJUE decide imponer una nueva ronda de multas por el incumplimiento de la sentencia.

    Después de que el Congreso de los Diputados rechazase la convalidación del real decreto ley para la reforma del régimen de trabajadores portuarios elaborado por el Gobierno, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, criticó la "irresponsabilidad" de la oposición al acercar la posibilidad de esa multa.

    "El primer acto de irresponsabilidad, o puede que de soberbia, fue presentar un decreto que no contaba con el apoyo del Parlamento en una demostración de que al Gobierno no le importa lo que piense el resto de partidos", replica López.

    Además, prosigue esta eurodiputada, las constantes referencias del Gobierno a la posibilidad de una multa responden a una estrategia para "poner a la opinión pública en contra de los trabajadores portuarios".

    "La operación que quiere hacer el Gobierno, con los despidos incluidos, resulta mucho más cara que la posible multa", expone la eurodiputada.

    En opinión de López, el Gobierno conservador de Mariano Rajoy intenta ir "por su antojo" a la liberalización del sector de la estiba "pretendiendo que sean todos los españoles quienes paguemos los despidos".

    "España tiene abiertos un montón de expedientes de infracción por el incumplimiento de normativas, pero el foco se pone en un sector que se pretende liberalizar para destruir las condiciones de los trabajadores y trabajadoras", resume López.

     

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    estiba, España
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