En diciembre pasado, Nazarbáev confirmó que el país seguirá siendo una república presidencialista pero con un mayor protagonismo del Parlamento y el Gobierno.
Además llamó a atribuir al jefe de Estado la función de árbitro supremo.
Las enmiendas aprobadas amplían las facultades del Mazhilis (Cámara baja) a la hora de formar el Gobierno y refuerzan el control parlamentario sobre su gestión.
La versión enmendada de la Constitución kazaja define el Parlamento como máximo órgano representativo que ejerce "el poder legislativo", y no "las funciones legislativas" como antes.
También adquirirá algunas atribuciones que hasta ahora eran prerrogativa del jefe del Estado, en particular la de aprobar programas nacionales y el sistema de financiación y retribución en el sector público, aunque deberá acordarlo con el presidente.
El jefe de Estado tendrá el derecho de apelar al Consejo Constitucional y pedirle que examine la constitucionalidad de algunas leyes para defender la soberanía y seguridad nacionales, así como los derechos y las libertades ciudadanas.
Además, nombrará al ministro del Interior, además de los titulares de Defensa y Exteriores.
